“Lo que pasó era previsible. Los padres están conformes porque ahora pidieron la detención del abusador, pero a la vez están desolados porque no lo encuentran, porque estaría prófugo.” Silvia Weksel fue querellante en el juicio oral en el cual Mario Ochoa, chofer de un micro de transporte escolar, fue condenado a 16 años de prisión al ser hallado culpable por la violación de, al menos, seis adolescentes discapacitados a los que llevaba y traía de los colegios a los que concurrían. Ochoa fue condenado el 20 de julio pasado, pero los jueces del Tribunal Oral 2 de San Isidro resolvieron dejarlo en libertad hasta que el fallo –apelado por la defensa– quedara firme. El chofer, denunciado en 2002 por la madre de una de las víctimas, fue detenido en 2003 y estuvo preso tres años y un mes. Lo dejaron en libertad por la demora en la realización del juicio oral. “En 2006, cuando quedó libre, la fiscalía general de San Isidro había recurrido en queja contra esa decisión de dejarlo en libertad. Ahora, la Sala III de Casación de La Plata revocó esa medida de 2003. Esto demuestra lo que tarda la Justicia en tomar sus decisiones.” Cuando lo fueron a buscar a Ochoa para detenerlo, no lo encontraron.

“Primero violan a las personas, después violan su permiso de libertad. Esto es un mensaje que debería tomar la justicia. Hay que tener en cuenta que se trata de un caso de abuso sexual contra chicos discapacitados. No es un delito menor”, insistió Weksel, en diálogo con Página/12. “Nos enteramos a las cuatro de la tarde (de ayer) que era muy posible que estuviera profugado. Nadie nos puede asegurar que esté prófugo, pero lo cierto es que no lo encontraron en los dos domicilios que tenía registrados ante el Tribunal Oral 2. Esa es la situación: no se sabe absolutamente nada sobre el paradero de Ochoa.”

La orden de detención de Ochoa fue librada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal, integrada por Víctor Violini y Carlos Borinsky. Una vez que la orden fue recibida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, el pedido fue trasladado a la Jefatura Departamental Conurbano Norte. Lo buscaron a Ochoa en dos domicilios, uno en Beccar y otro en Tigre, pero no lo encontraron. Enterados los familiares, manifestaron su indignación en los tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340, donde se venían concentrando desde el día del fallo, el 20 de julio, para protestar por la decisión de los jueces del Tribunal 2 de dejarlo en libertad.

Ochoa fue acusado de violar a 13 chicos discapacitados, de entre 14 y 21 años, a los que llevaba al colegio todos los días, entre los años 1999 y 2002, hasta que fue denunciado por la familia de una de las víctimas. Ochoa estuvo preso entre 2003 y 2006, luego de que los chicos abusados prestaran declaración en una cámara Gesell, un espacio cerrado, con un juego de espejos, que les impide ver el rostro de quienes los interrogan. En algunos casos por señas o gestos inequívocas, denunciaron ante el fiscal Fabián Brain los vejámenes que habían sufrido.

En el expediente se acumularon testimonios de chicos y chicas obligados a desnudarse, tocarse entre sí y a introducirse objetos. Ochoa también habría manoseado a sus víctimas y los habría filmado en su propia casa en la zona de Tigre. “Los chicos y chicas dijeron que les tocaba los pechos, la vagina, el pene y la cola, entre otras cosas”, recordó la abogada Silvia Weksel. Los padres de los chicos estarían ahora por presentar un pedido de juicio político contra los miembros del Tribunal 2 de San Isidro, Clarisa Moris, Luis Oscar Zapata y Ariel Introzzi Truglia. “Esa es una decisión que depende de los padres”, aclaró Heksel, respecto de la posible solicitud de juicio político.

“El pedido de detención no tiene que ver con la apelación que presentamos por la decisión del Tribunal 2 de dejarlo en libertad. La medida fue adoptada por la Sala III de Casación respecto de un recurso de queja presentado en 2006 por el fiscal general (de San Isidro) Julio Novo. Todavía no está resuelta la cuestión de fondo, es decir la apelación al fallo condenatorio que dejó en libertad a Ochoa”, explicó Heksel.

Al parecer, Ochoa se habría enterado del pedido de captura por el llamado de un periodista. Rubén Jones, el defensor de Ochoa, se manifestó sorprendido por la noticia: “Si se fugó, dejo de ser su abogado porque no puedo patrocinar a una persona que no se ajusta a derecho; si se escapó habrá llegado el final de la película para mí”. Por su parte, la titular de la Asociación de Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi), María Elena Leuzzi, consideró que lo ocurrido con Ochoa “confirma que teníamos razón cuando protestamos cuando los jueces lo dejaron en libertad”. Al mismo tiempo anticipó que la entidad va a apoyar a los padres cuando se decidan a presentar el pedido de juicio político de los miembros del Tribunal Oral Nº 2.