La Defensoría del Pueblo porteño pidió la “urgente intervención” del jefe de Gobierno, Jorge Telerman, para “evitar la afectación del normal desarrollo de la actividad educativa” en la ciudad, como consecuencia de la no transferencia de fondos asignados para cubrir los gastos de mantenimiento edilicio, equipamiento y material didáctico, que administran las cooperadoras de las escuelas públicas porteñas. El propio Ministerio de Educación admitió que “no se depositaron casi 10 millones de pesos” destinados a ese fin por “falta de rendición de cuentas de subsidios depositados en 2006”. Para el defensor adjunto Gustavo Lesbegueris, “no se puede castigar a las escuelas por un atraso en la rendición de un ejercicio anterior”.

La actuación de la Defensoría del Pueblo se inició en agosto, a partir de la carta documento que los delegados de las cooperadoras de los 21 distritos escolares le enviaron al jefe de Gobierno, ante el atraso en el depósito de los subsidios, esenciales para el funcionamiento de las escuelas.

Tal como está estructurado el sistema de la educación pública de la ciudad, el Estado se hace cargo directamente de la financiación de los salarios del personal docente y no docente, mientras que el resto de los recursos para el funcionamiento de las escuelas se hace a través de las asociaciones cooperadoras, integradas por padres de los alumnos: con esos recursos se pagan desde las tizas y la lavandina para hacer la limpieza hasta las reparaciones de plomería y electricidad de los edificios escolares, pasando por la compra de disquetes, libros y mapas.

En una nota dirigida a las 710 cooperadoras de la ciudad el 14 de septiembre último, el director del área, Carlos Estalles, advirtió que “la falta de rendición de (gastos de los) subsidios imposibilitará a las asociaciones cooperadoras percibir nuevas acreditaciones, afectando el normal desarrollo de la actividad educativa”.

Lesbegueris, responsable del área Educación de la Defensoría, consideró como “un desatino que desde el propio Estado se advierta que se va a afectar el normal desarrollo escolar, cuando es justamente una responsabilidad del Estado sostener la enseñanza pública, hacer un seguimiento de los gastos de los subsidios y corregir posibles desajustes”.

“Lo más grave es que esos subsidios ya están en el presupuesto, aprobado en 2006. Si no se desembolsan, ¿qué va a ocurrir con ese dinero?”, se preguntó el defensor adjunto ante Página/12. “Además, se trata de gastos que ya están planificados por los directivos y los docentes de las escuelas”, añadió.

En la resolución 3310/07, que lleva la firma de la defensora Alicia Pierini, Lesbegueris enumera las ordenanzas que regulan la asignación de subsidios a las escuelas, a través de las asociaciones cooperadoras. Allí señala que los subsidios para la adquisición de material didáctico, por ejemplo, deben utilizarse “dentro del primer cuatrimestre del año, de acuerdo con el programa de necesidades presentado por al conducción del establecimiento”. Al respecto, el defensor advirtió que “en muchos casos el ministerio terminó de depositar estos subsidios en diciembre de 2006, ¿cómo pueden ser rigurosos en la rendición de cuentas cuando ellos no lo fueron en el momento de hacer los depósitos?”.

Para completar el cuadro, el Ministerio de Educación advirtió que “el 15 de noviembre las asociaciones cooperadoras deberán tener sus rendiciones en regla para poder recibir las cuotas pendientes de este año”. Es decir que aunque en esa fecha quede aún un mes de ciclo lectivo, las escuelas que no lleguen con los números ya habrán perdido toda chance de recibir los subsidios que tienen asignados por ley, si es que el ministerio mantiene el mismo criterio. Aunque no se dieron explicaciones oficiales, en Educación se argumenta que la fecha tiene que ver una orden para cerrar todas las cuentas antes de entregar el poder el 10 de diciembre a la gestión de Mauricio Macri.

“No se puede tratar a las escuelas públicas con un criterio de empresa privada”, alerta la diputada Liliana Parada, de la Coalición Cívica, integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura. “El Estado tiene otros mecanismos para controlar los gastos, puede hacer auditorías o inspecciones antes de cortar los subsidios, que en definitiva es cortar el presupuesto educativo”, agregó. Para la legisladora, el recorte de fondos a las escuelas tiene que ver con “el acuerdo Macri-Telerman para recibir las cuentas en cero, y con el gasto que hicieron antes y durante la campaña electoral”.

En un informe de la oficina de prensa del Ministerio de Educación se detalla que hasta el viernes último “han quedado 9.824.660,46 pesos sin ser asignados por falta de rendición de cuentas por parte de las cooperadoras”. Agrega que de los 129 millones depositados en 2006 “solamente se han rendido 61 millones, es decir el 47 por ciento. Y precisa que “si bien los fondos están disponibles”, de las 710 cooperadoras de la ciudad, sólo unas 200 están en condiciones de recibir los subsidios de Material Didáctico y Mantenimiento Edilicio, siempre por la mencionada demora en la rendición. Conviene aclarar que las asociaciones cooperadoras son entidades sin fines de lucro, integradas por padres de alumnos que cumplen su tarea en forma voluntaria.

Al respecto, la resolución de la Defensoría sostiene que “más allá de eventuales demoras en las presentaciones de las correspondientes rendiciones de cuentas por parte de algunas asociaciones cooperadoras que imposibilite la acreditación de nuevas remesas, la actividad educativa debe ser garantizada por los funcionarios de gobierno y no puede verse afectada por tal contingencia”.

El dictamen de Pierini y Lesbegueris pide entonces la intervención de Telerman y reclama al Ministerio de Educación un informe de “las medidas adoptadas a fin de que las escuelas (que no han presentado las rendiciones de subsidios) no vean afectado el normal desarrollo de la actividad educativa”. Por último, le pide al ministerio que rinda cuentas del destino que se otorgó a los fondos que a la fecha no han sido transferidos”.