El debate legislativo por la despenalización del aborto en Uruguay no quedó cerrado. Hoy el Senado reabrirá la discusión, tres semanas después de que la votación terminara en empate. En esta oportunidad, el oficialista Frente Amplio –impulsor de la reforma– podría conseguir los votos necesarios para darle media sanción y abrir así el camino hacia la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas de gestación, aunque hasta anoche nadie quería festejar por anticipado.

El 17 de octubre, tras una accidentada sesión que tuvo que suspenderse por amenaza de bomba, el Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una iniciativa integral, muy amplia, que fija las obligaciones del Estado en materia de anticoncepción. Pero no llegaron a aprobarse las reformas al Código Penal para despenalizar el aborto: la votación quedó empatada en 15 votos a favor y 15 en contra.

El proyecto volvió a la Comisión de Salud para introducirle algunos “ajustes”. Hoy, cuando se debata en particular, el Frente Amplio propondrá que los artículos sobre el aborto se pongan nuevamente en discusión como “aditivos”: en la jerga del Parlamento uruguayo se denominan así aquellos que no tuvieron mayoría en la comisión en la que se trataron o se presentan directamente en el recinto, sin pasar por una comisión.

Aunque hasta anoche en el Frente Amplio nadie aseguraba la victoria, sí se entusiasmaban con la posibilidad de lograr un escenario más favorable para darle media sanción a la iniciativa. A los 15 senadores del oficialismo que tres semanas atrás dieron su apoyo a la despenalización del aborto, se podría sumar un integrante del mismo bloque que votó en contra, aunque apoya el proyecto. Se trata del senador Alberto Cid, quien pertenece a Asamblea Uruguay, una de las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio. Cid podría cambiar hoy su voto, tras la dura crítica que recibió de su jefe político, Darío Astori, ministro de Economía y líder de Asamblea Uruguay. Astori cuestionó que hubiese fundamentado su voto negativo en cuestiones políticas (para no colocar al presidente Tabaré Vázquez en una encrucijada, debido a que el mandatario anunció que vetaría una ley que despenalice el aborto) y no en sus creencias personales. Ayer justamente se debatía en el seno del Consejo Político de Asamblea Uruguay qué postura asumiría Cid frente al tema.

También podrían votar a favor el ex presidente Julio María Sanguinetti y Julio Lara, de los opositores partidos Colorado y Nacional, respectivamente. Tanto Sanguinetti como Lara expresaron públicamente su apoyo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Ninguno de los dos estuvo en el recinto en la votación del 17 de octubre y estarían hoy en su banca.

Los artículos en debate se aprueban por mayoría relativa, es decir, de acuerdo con la cantidad de legisladores presentes. “Hasta que no lo vea, no lo creo”, decía ayer a Página/12 la senadora del Frente Amplio Margarita Percovich, con relación a un posible triunfo en la votación. Percovich es junto con su compañera de bancada, Mónica Xavier, promotora de la iniciativa. “Yo no hago futurología. Hay que ver cómo se desarrollan los hechos”, fue cauta también Xavier, en diálogo con este diario.

El proyecto despenaliza el aborto hasta las doce semanas de gestación y más allá de ese plazo, cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o si el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina. Los últimos estudios de opinión muestran que casi el 70 por ciento de la población uruguaya apoya la reforma. En Uruguay el aborto es delito.

Si no llegara a aprobarse la despenalización, de todas formas el país vecino dará un paso importante para reducir la muerte materna por abortos clandestinos: entre el oficialismo y la oposición hay amplio acuerdo en darles hoy media sanción a los artículos que se refieren a las obligaciones del Estado en materia de salud sexual y reproductiva. Entre ellas, la que establece que todos los médicos que atiendan a una mujer con un embarazo no deseado y que plantea en la consulta que quiere interrumpirlo, deberán advertir a la paciente sobre los métodos inseguros para hacerlo y aconsejarle los procedimientos menos riesgosos (como el uso de la droga misoprostol). La normativa se adoptaría en el marco de una política de reducción de riesgos, que ya viene aplicándose en la principal maternidad uruguaya, la del Hospital Pereira Rossell, de Montevideo.