La Justicia Federal clausuró ayer por la tarde el casino flotante de Puerto Madero hasta que se resuelva el conflicto entre los trabajadores, los sindicatos y la empresa. La medida fue solicitada por un grupo de legisladores de la oposición, quienes advirtieron “ciertos riesgos” de continuar con las actividades, luego de que las autoridades del casino desconocieran la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Los más de cien trabajadores despedidos habían pasado la madrugada de ayer a la espera de ingresar a sus puestos y se encontraron con el lugar cerrado con candado, vallado y vigilado por la Prefectura Naval.

“El casino fue clausurado a raíz de cierta información y una presentación de legisladores que advirtieron la existencia de ciertos riesgos, de continuar las actividades sin resolver el conflicto”, afirmó la jueza María Romilda Servini de Cubría. La magistrada estuvo reunida en los tribunales de Comodoro Py, entre las 12 y las 14, con el líder del PO, Néstor Pitrola, y los diputados Susana García, Liliana Parada, Fernando Gil Lozano y Vilma Ripoll, quienes a su vez transmitieron la preocupación de referentes del ARI disidente que respaldan al personal.

Según explicó Mara Martín, una trabajadora despedida, “la empresa presentó un amparo contra el Ministerio de Trabajo diciendo que no tiene autoridad para resolver el conflicto”. Ese amparo, indicó, fue respaldado por varios gremios, entre ellos, el de los Afiliados a los Sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y los Gastronómicos. “Nosotros hicimos guardia toda la noche y la madrugada, pedimos varias veces que se presentaran las autoridades del casino, fuimos a la oficina de personal, pero nunca nos atendieron”, contó Martín, quien esperó junto a sus compañeros el primer turno de trabajo que comenzaba a las 6. La conciliación había sido dispuesta por el ministro Carlos Tomada el seis de diciembre pasado.

El delegado Leonardo Bonani dijo que “apareció un listado con nombres” cuando se presentaron “para que se acate la resolución del ministerio”, al anunciar un paro en reclamo de su reincorporación, que quedó sin efecto tras la clausura. Los sindicatos con injerencia en el casino, que se distanciaron de los despedidos y sumaron esfuerzos con la empresa para evitar la conciliación y el reingreso de lo que denominan como “violentos”, mantuvieron el silencio o criticaron al personal. El titular de Aleara y legislador macrista, Daniel Amoroso, acusó a un “pequeño grupo” de delegados por la clausura y aseguró que “estos mismos son los que confunden la defensa de los trabajadores con llenar una mochila con piedras y arrojársela a Prefectura”.

Por su parte, en el Ministerio de Trabajo evitaron pronunciarse sobre la intervención judicial y los voceros se limitaron a decir que “sigue vigente la conciliación”. Servini de Cubría resolvió el cierre a pocas horas de que la Justicia Federal diera lugar a dos solicitudes de la empresa para impedir el ingreso de 81 empleados despedidos por los incidentes entre Aleara y Somu el pasado 9 de noviembre, a los que luego se sumarían otros 30 por ausencia a los puestos de trabajo durante los días siguientes, según informó la empresa. “Tienen prohibido su ingreso a la institución, a fin de garantizar la vida e integridad de las personas, así como también el derecho a trabajar”, fue la explicación divulgada por las autoridades del casino, horas antes de la clausura.

Mientras tanto, decenas de trabajadores permanecían ayer por la tarde a la espera de una convocatoria a retomar las negociaciones, en el medio de un amplio operativo de Prefectura y de seguridad privada del casino, propiedad de una unión transitoria de empresas comandada por el empresario Cristóbal López.