Por primera vez, la Justicia pone la mira en las marcas de ropa por su responsabilidad en la producción de bienes mediante la utilización de trabajo esclavo. Lo hizo el fiscal federal Patricio Evers, quien pidió la declaración indagatoria de cuatro directivos de la empresa que elabora prendas con la marca Soho, que se venden en los principales centros comerciales del país. La denuncia había sido presentada en marzo a partir de una investigación realizada por los propios trabajadores de la empresa, quienes descubrieron que Soho tercerizaba gran parte de la confección de sus prendas en talleres clandestinos, tal como publicó oportunamente Página/12. La resolución está avalada por un reciente fallo de la Cámara Federal porteña que, en una causa contra once talleristas, sugirió al juez “no circunscribirse exclusivamente a los responsables directos de los talleres” sino investigar a los empresarios que “pudieron haberse aprovechado de esa actividad (ilegal) mediante el encargo de trabajos”.

El fiscal Evers consideró acreditado que los responsables de la empresa Gilmar SA, que comercializa la marca Soho, “han tercerizado parte de la confección de las prendas de vestir en talleres de costura donde trabajan extranjeros indocumentados, realizando dicha actividad de manera oculta hacia las autoridades de contralor estatal”.

La denuncia judicial fue realizada por el titular de la Cooperativa 20 de Diciembre y del Centro Comunitario La Alameda, Gustavo Vera, con el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón y el aval del gobierno porteño. En la causa, son testigos los inspectores de la ciudad que hicieron los procedimientos en dos talleres ilegales, el de Balbastro 2468, en Flores, y el de Tandil 4574, de Parque Avellaneda. En ambos lugares se comprobó que funcionaban talleres de costura, proveedores de la marca Soho, donde trabajaban en forma irregular obreros “extranjeros indocumentados”.

“Se trata de un caso testigo de imputación penal a una marca por violación a las leyes de Migraciones y de Trabajo a Domicilio, que muy pocos jueces aplican”, destacó Vera, en diálogo con este diario.

Evers inició su investigación por indicación del juez federal Norberto Oyarbide, quien desde hace dos años lleva una megacausa en la que se investiga a talleres de costura donde, según las denuncias, trabajadores inmigrantes son sometidos a condiciones de trabajo lindantes con la servidumbre. En esa causa, fueron denunciadas 85 marcas de indumentaria, pero Oyarbide procesó a once talleristas, cuatro de ellos de nacionalidad coreana y los otros siete, de origen boliviano y hasta ahora no involucró a las marcas. A partir de la insistencia de la querella, el juez le indicó al fiscal Evers que investigue a la marca Soho.

En la inspección al local de la calle Balbastro se detectaron irregularidades como falta de extintores, conexiones eléctricas inseguras y un entrepiso combustible, lo cual obligó a la suspensión de las tareas. De los seis trabajadores, cinco eran extranjeros indocumentados, trabajaban 12 horas diarias por sueldos de entre 500 a 900 pesos y vivían en una piecita que les alquilaba el tallerista. Similares condiciones se detectaron en el de la calle Tandil.

Bajo la marca Soho se comercializan pantalones, camisas, remeras, camperas y buzos, todas prendas unisex de consumo masivo. En el local de la empresa que explota la marca, ubicada en Díaz Colodrero 3562, en Villa Urquiza, trabajan unos 70 empleados, que se dedican al corte de las telas, las cuales son distribuidas en los talleres que hacen la confección. Frente a esa planta, hoy a las 17.30, trabajadores costureros realizarán un escrache contra la empresa.

Tras analizar los testimonios, el fiscal concluyó que se debe “avanzar hacia los empresarios que se aprovechan del sistema imperante”. “Ningún empresario contrata a un taller de costura sin tener un mínimo de contacto previo donde se le garantice el cumplimiento de los plazos y las normas de calidad”, sostuvo el fiscal.

“Esta circunstancia de explotación laboral –añadió– no sólo no puede ser desconocida por los empresarios sino que, por el contrario, indica que es consentida y tácitamente favorecida, para obtener mayor producción a menor costo.”

Con esos argumentos, Evers solicitó la indagatoria de Nelson Alejandro Sánchez Anterino, principal responsable de la empresa, y de sus apoderados Gabina Sofía Verón y Hermes Raúl Provenzano.

En cuanto al fallo de la Cámara Federal, se trata de una resolución de los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah que confirma los procesamientos y los embargos contra los once talleristas acusados en la causa, cuatro coreanos y el resto, de nacionalidad boliviana. En uno de sus párrafos, los camaristas advierten al juez Oyarbide que “la investigación no debería circunscribirse a los responsables directos de esos talleres, si es que la cadena hasta la comercialización demuestra la existencia de conductas de relevancia penal por parte de aquellos que pudieron haberse aprovechado de esta actividad mediante el encargo de trabajos”.