El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, arremetió ayer contra las gestiones que lo precedieron, a las que responsabilizó por comprar alimentos para comedores comunitarios con sobreprecios de “hasta el 65 por ciento”. Apuntó concretamente contra Aníbal Ibarra, porque en su gestión, dijo, se instrumentó el mecanismo de compras que permitió pagos de “dos millones de pesos mensuales de más”. No se dieron detalles sobre ese mecanismo. Sólo se mencionó a uno de los empresarios contratistas, Víctor Luzardi, que sería proveedor del 60 por ciento de las compras de alimentos y ahora perdió la última licitación con dos cadenas de supermercados mayoristas. Ibarra respondió que la denuncia es “una cortina de humo para tapar las críticas por el aumento de las patentes”.

Macri organizó ayer una conferencia de prensa en un depósito del gobierno porteño, en el barrio de Villa Ortúzar, junto con sus ministros de Desarrollo Social, Esteban Bullrich, y de Hacienda, Néstor Grindetti. Bullrich es el responsable del área de los comedores y Grindetti de los contratos que se firman con las empresas proveedoras.

“No nos pone contentos tener que seguir destapando sectores, dependencias de la ciudad, de la oscuridad, haber encontrado este nivel de corrupción en lo que es algo tan esencial como llevarle alimentos a la gente que no tiene acceso a éstos”, enfatizó Macri. El jefe de Gobierno afirmó que “semejante nivel de corrupción se inició en el 2002, en la gestión de Ibarra” y sostuvo que “estuvo aplicada en el Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios”. “Vamos a averiguar quiénes eran los responsables de estas maniobras de corrupción”, expresó el mandatario. Y anunció que presentará una denuncia penal.

Según explicó Bullrich, la irregularidad se detectó a partir de la primera compra para proveer de alimentos a los 326 comedores de la ciudad: “Se gastaron dos millones de pesos menos” para la misma compra, destacó el ministro. Macri agregó: “A partir de ahora las cosas se van a hacer de otra manera. Vamos a pagar por los tomates y por la harina el precio que corresponde o un poco menos, pero no puede ser que por esos productos se pague el doble de lo que valen en un supermercado, como ha venido pasando”. Bullrich también advirtió sobre una trampa de los proveedores, que “entregan ocho packs de leche en una caja de 12”.

En la conferencia de prensa, Macri anunció que había dado de baja al proveedor Luzardi y que había separado de su cargo al administrador del depósito en el que se acopiaba la mercadería destinada a los 326 comedores comunitarios, donde no existía sistema de control de stock. Luzardi tenía a su cargo además la logística de la distribución de la mercadería.

En fuentes de la oposición se estimó que la denuncia apuntaría contra la legisladora Gabriela Cerruti, ex ministra de Desarrollo Social, que habría quedado en la mira del gobierno después de que presentó una denuncia contra Nicolás Caputo, el empresario amigo de Macri, que fue designado asesor, un cargo presuntamente incompatible con su condición de contratista del Estado, como publicó Página/12. A raíz de esa denuncia, Caputo debió presentar su renuncia.

Pero Cerruti ni siquiera fue mencionada. Es que, según dijeron en Desarrollo Social, las compras no dependían de ese ministerio sino de la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de Hacienda. El último ministro de esa cartera fue Sergio Beros, actual candidato a ocupar una banca en el directorio del Banco Ciudad.

Fuentes de Hacienda divulgaron los nombres de las empresas que están en la mira por cobrar precios superiores a los del mercado: “Martinico SA, Olazul SA, Hispan SA, Codiet SRL, Janz SRL y Servicios Germar SRL”. Algunas se presentaron a la licitación y perdieron.

Jorge Telerman, último jefe de Gobierno, dijo que la investigación de presuntas irregularidades “es una tarea que empezamos nosotros y afortunadamente Macri continuará en su gobierno”. Ibarra, por su parte, replicó sugiriendo que “se investiguen las contrataciones que hizo la empresa Iecsa, vinculada al grupo familiar de Macri, durante el gobierno de Telerman y de los millonarios adelantos financieros que cobró por obras que no empezó”.