El veto que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ha aplicado a la creación del Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos, es la aplicación dogmática del pensamiento clásico de la derecha acerca del papel subsidiario que esa ideología atribuye al Estado en lo concerniente a la salud pública y al empleo de los recursos que provienen del aporte de sus ciudadanos.

Los países de alto desarrollo humano se caracterizan por un papel activo del Estado en el cuidado de la salud de los ciudadanos, ofreciendo la mejor calidad alcanzable de atención. En lugar de elaborar un juicio acerca de esas experiencias, Macri se apoya en un prejuicio para negar a quienes están internados, a los que han recibido el alta médica y a los pacientes con tratamientos ambulatorios, la posibilidad de contar con medicamentos de calidad provistos por un laboratorio estatal a bajo costo. Se ayuda a perpetuar así la práctica usual en los ámbitos nacional, provinciales y de la ciudad de realizar compras a precios exorbitantes para que las empresas farmacéuticas privadas obtengan pingües ganancias a expensas del Estado, como ha sucedido en casi toda nuestra historia como Nación.

El jefe de Gobierno argumenta que “comparte el espíritu del emprendimiento” y aprecia sus beneficios, pero se ampara en que no hay asignación presupuestaria y en la carencia de estructuras adecuadas y de recursos técnicos y humanos capacitados para llevarlo a cabo. Disfraza así con una falacia una voluntad política contraria a a éste.

Y es obligado hablar de una falacia cuando la ciudad no sólo cuenta con los profesionales y técnicos que están trabajando con todas sus energías, a pesar de las carencias, en los Talleres Protegidos, sino que está en condiciones de hacer frente a una mayor demanda de profesionales desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que forma farmacéuticos capacitados para el trabajo a través de la enseñanza de grado, y que forma a nivel de posgrado en dos carreras de especialización para la producción de medicamentos: Desarrollo y Garantía de Calidad y Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica. Con respecto a los técnicos, el propio proyecto vetado preveía la capacitación de los mismos.

El gobierno de la ciudad recibió el mandato de los representantes del pueblo de hacerse cargo de la inversión necesaria para encarar un proyecto inspirado en las mejores prácticas de gestión de la salud pública. El énfasis puesto por la actual gestión en mejorar la recaudación vuelve fútil la excusa de la penuria presupuestaria y subraya el carácter puramente dogmático de esta decisión. En un guión tristemente previsible, se trata de un paso atrás que no sorprende.

* Consejeros directivos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). Colectivo para la Transformación Universitaria.