La implementación de un registro de detenidos que están con prisión preventiva desde hace más de dos años permitió saber que hoy son 408 las personas que están en esa situación, sobre un total de 5100, dentro de la Justicia nacional y federal. Ahora, el Consejo de la Magistratura va por más: propuso que los jueces notifiquen cada detención con prisión preventiva, de manera de completar ese registro con todas las personas detenidas bajo proceso judicial, de manera de “mantener un mayor control de las privaciones de la libertad”, explicó a Página/12 la diputada Diana Conti, integrante del Consejo.

El registro se elaboró en cumplimiento de la ley 25.430, que obliga a los jueces de los fueros nacional y federal a notificar al Consejo de la Magistratura cuando un procesado exceda los dos años de privación de la libertad sin que se haya dictado sentencia. Esa norma, sancionada en 2001, apuntó a ejercer una presión indirecta para que los jueces aceleren las causas y resuelvan la situación de los detenidos en un plazo “prudencial y razonable”.

Según relató la diputada Conti a este diario, cuando en 2006 el Consejo pidió informes a las cámaras nacionales y federales con competencia penal que informen qué sistema utilizaban para el control de las personas que se encuentran detenidas, obtuvieron resultados alarmantes:

- Algunos juzgados ni siquiera llevaban un registro oficial de detenidos, sino que apenas mantenían registros informales. Muchos juzgados, recién a partir del pedido de informes, implementaron un registro especial de detenidos.

- No hay control centralizado, cada juzgado tiene su propio sistema, lo cual genera dificultades cuando un detenido está a disposición de más de un tribunal.

- Hay discrepancias entre la información judicial y la penitenciaria que puede provocar serios errores.

Si bien el registro debió iniciarse en 2002, por estas fallas y otras dificultades técnicas recién en mayo de 2007 se desarrolló un nuevo sistema que permite que directamente los juzgados carguen la información por Internet y los datos ingresen directamente al registro. Cuenta además con un sistema de alarma del vencimiento de las prórrogas, que después de los dos años son de seis meses: después de esa advertencia, el juez debe justificar por qué todavía no se ha dictado sentencia.

Ese trabajo permitió detectar, a fines de 2007, que son 408 las personas que superan los dos años bajo prisión preventiva, sobre un total de unos 5100 detenidos en esa situación en cárceles federales de todo el país.

Para evitar casos como el que padeció el joven David Bosca (estuvo más de ocho meses preso, en 2005, después de haber sido absuelto, porque su libertad no se hizo efectiva), ahora el Consejo de la Magistratura dictó una resolución para que se reglamente la ampliación de ese registro a todas las personas privadas de su libertad, bajo prisión preventiva. “Es decir, que los jueces informen de la privación de la libertad desde el principio”, explicó Conti. Esos datos deberían poder cotejarse con los registrados en el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia.

“Esto no podría implementarse antes de dos años –aclaró Conti–, dado que hay muchos juzgados que no cuentan con tecnología para integrar los datos, y habrá que esperar que se implemente el plan de informatización de la justicia, con un sistema único, como anunció el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.”