L.N.P. ahora tiene 20 años. Vende canastos con su mamá por el pueblo. Su papá se las rebusca con changas esporádicas. Cuando sus agresores quedaron en libertad, tras la absolución, L.N.P. dejó de ir a la escuela. La adolescente, que recién había cumplido 15 años cuando fue violada, se sumió en un estado de tristeza, dejó de salir con sus amigas y amigos, y abandonó sus estudios. Recién en 2007, tres años después de la humillación que sintió por el trato discriminatorio que recibió de la Justicia, volvió a clases. Lo hizo a partir del respaldo que sintió cuando se contactaron con ella y su familia integrantes de Insgenar y Cladem y le propusieron llevar el caso ante la ONU. Fue el primer efecto positivo de la presentación internacional, destaca Susana Chiarotti, del Insgenar, en diálogo con Página/12. “Además de estas consecuencias personales, L.N.P. tuvo que continuar viviendo en un pueblo donde muchas de las autoridades son familiares de los violadores y donde todos los habitantes discutían sobre su sexualidad y honestidad, debido a que recibieron la visita de la trabajadora social que los interrogó sobre su vida afectiva y experiencias sexuales. Resumiendo, no hubo investigación diligente, se dejaron pruebas de lado, la víctima resultó ser la investigada y la violencia sexual sufrida ha quedado impune”, se destaca en la parte final de la presentación ante el organismo internacional.