Para las ONG denunciantes, el Estado argentino incumplió sus compromisos internacionales al violar los derechos de L. N. P. como adolescente, a la igualdad, a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a contar con un juicio justo, a la intimidad y a la protección de sus derechos como niña. Por esa razón, solicitaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU establezca la responsabilidad internacional del Estado argentino y le ordene:

- Una reparación integral para L. N. P. y su familia, que incluya la indemnización del daño material y moral, y garantías de no repetición.

- Revisar la legislación nacional para eliminar todo vestigio discriminatorio de la ley penal que regula los casos de violación.

- La inmediata capacitación, a nivel nacional, de funcionarios y operadores de justicia para evitar la repetición de actos discriminatorios contra mujeres y niñas, especialmente en casos de violencia sexual.

También que en cumplimiento de las obligaciones contraídas a nivel internacional, se disponga la creación de servicios de atención a víctimas de violencia sexual, con personal y materiales dispuestos en los idiomas de la población afectada.