A días de finalizar su gestión, el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García aprobó la distribución en hospitales de todo el país de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por un equipo de destacados profesionales, con precisos lineamientos de cómo se debe proceder ante un pedido de interrupción de un embarazo permitido por el Código Penal. El objetivo central es que esos casos no se judicialicen y los médicos se sientan respaldados en sus prácticas. Con ese mismo objetivo, se avanza en el Congreso con el tratamiento de una ley de reglamentación que ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Salud, con el voto de la mayoría kirchnerista, como informó Página/12 el miércoles pasado. Ahora, el proyecto debe ser debatido en la Comisión de Legislación Penal, donde el año pasado no logró acuerdo. La iniciativa, como ocurre en provincias donde están en debate protocolos similares (ver nota central), tiene una fuerte oposición de los sectores más conservadores, particularmente de la jerarquía católica. El de la Cámara de Diputados es un texto que condensa las propuestas de la ex diputada kirchnerista Juliana Marino y de la socialista Silvia Augsburger.