Expertos y expertas en salud sexual y reproductiva pidieron a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, que distribuya y difunda la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada en esa cartera a pedido de su antecesor, Ginés González García. “Ofrecemos nuestra colaboración para la diseminación de este protocolo y la realización de las actividades de sensibilización y capacitación que sean necesarias para que a la brevedad se utilice en todos los servicios de salud de nuestro país, por equipos capacitados, bien informados, respetuosos de las normas vigentes y seguros de éstas”, le escribieron en una carta que presentaron semanas atrás en la mesa de entradas del ministerio. En la nota le expresan su “preocupación” por “el nivel alarmante que ha alcanzado la mortalidad materna y también el elevado número de egresos por complicaciones de abortos que nuestro país mantiene desde hace varios años”.

“Sabemos que estos dos problemas necesitan de estrategias integrales en donde la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos sean acciones de prevención prioritarias. Asimismo –dice la carta, a la que tuvo acceso PáginaI12–, la evidencia disponible muestra que los altos niveles de morbilidad y mortalidad maternas también se contrarrestan con acciones decididas para mejorar la atención de las complicaciones por abortos inseguros y con el acceso a los abortos permitidos por la normativa vigente”.

La nota lleva las firmas de Diana Galimberti, presidenta del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) y de la Asociación Argentina de salud Reproductiva; Silvia Cabognani, directora de la Maternidad Martín, dependiente de la Secretaría de Salud de la ciudad de Rosario; Mabel Bianco, presidenta de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer; Guillermo Corroli y Edgardo Abalos, presidente y vicepresidente del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que trabaja en colaboración con la OMS; Ariel Karolinsky del Hospital Durand; Daniel Lipchak, del Servicio de Obstetricia del Hospital Alvarez; Eugenia Trumper, miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil; Sofía Amenábar, tocoginecóloga de Tucumán; y Sandra Vázquez, subjefa del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich.

Como publicó PáginaI12 en su momento, la Guía del ministerio define cómo proceder ante ese tipo de casos, y evitar que los médicos exijan una autorización judicial, un paso que no es necesario y demora la atención. El documento fue elaborado por un equipo convocado por la Secretaría de Programas Sanitarios, con el apoyo de la OPS. Antes de dejar el ministerio, González García comenzó su distribución, pero fue muy limitada. Ocaña no se encargó de difundirla: según pudo saber este diario no está de acuerdo con la interpretación amplia del artículo 86, inciso 2º del Código Penal que hace el manual. Como ya lo han hecho diversos juristas, la guía considera que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación –y no sólo aquellas que sufren discapacidad mental– tienen derecho a un aborto en un hospital público.

“Entendemos que esta guía será de gran utilidad para los profesionales a cargo de la atención del aborto no punible de la misma manera que otras guías lo hacen respecto de procedimientos médicos que habitualmente se realizan en nuestro servicios de salud”, finalizan.

La guía actualiza y pone al alcance de los profesionales de la salud los procedimientos clínicos y quirúrgicos recomendados por la OMS para la interrupción de un embarazo. Y provee el marco jurídico para que los médicos se sientan respaldados en sus prácticas.