En primer término este planteo impide una revisión adecuada de la función de un Ejército en una democracia, que es la de ejercer una política de defensa exterior. En segundo lugar, este rol multifacético es uno de los principales obstáculos para la profesionalización y un riesgo además para la democracia. La contracara de esto es la lógica de seguridad que va instalándose en todas las políticas sociales y en este caso en la educación. Es negar la esencia de las políticas escolares en las que el Estado aún no se definió y el Ejército no es un actor del sistema educativo nacional. Darle a la política de educación esta lógica de seguridad es la negación efectiva de la política en términos sociales: es evitar revisar las causas, causas que en su mayor parte están fuera del sistema educativo. Es difícil explicar por qué no se dan becas para consolidar pertenencia. No resulta comprensible por qué el Ejército va a reemplazar al sistema educativo y lo más grave, en todo caso, es que esta iniciativa no provenga de una visión arcaica de funcionarios del Ejército o sea parte de las iniciativas de una corporación con escasez de recursos, sino que la planteen los políticos y funcionarios desde fuera de la institución”.
* Director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)