El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya se pronunció en otro caso en que se impidió el acceso a un aborto legal. La demanda fue contra el Estado peruano, por haber obligado a una adolescente de ese país, de 17 años, conocida como K. L., a llevar a término un embarazo de un feto anencefálico. El CDH estableció en 2005 que haberle negado la interrupción de la gestación constituyó una violación al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, al derecho a la privacidad y a la protección especial que merecen las menores, bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Básicamente, el Comité envió un mensaje bastante fuerte a los Estados: les dijo que deben garantizar el acceso al aborto legal, o de lo contrario están violando derechos humanos. México enfrentó también una demanda, pero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: fue por el caso de Paulina, una niña de 13 años embarazada como consecuencia de una violación, a quien también le negaron un aborto no punible. El caso se resolvió mediante un acuerdo de solución amistosa en el que el gobierno mexicano aceptó responsabilidad, indemnizó a Paulina y emitió una serie de directivas orientadas a garantizar el acceso al aborto en los casos permitidos por la ley.