“El derecho al aborto ya no puede ser tabú en el Congreso”, consideró la cordobesa Marta Alanis, directora de Católicas por el Derecho a Decidir y una de las referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la Argentina, luego de que el Senado uruguayo consagrara ayer el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación. En una entrevista de PáginaI12, Alanis dijo confiar en que la sanción de la ley en el país vecino impulse a los legisladores argentinos a perder el temor a avanzar en el mismo sentido. Sobre el anunciado veto del presidente Tabaré Vázquez, la activista señaló: “Ser católico no es sinónimo de ser autoritario, no obliga a un presidente a imponer sus creencias a la población o limitar por ello la vida democrática”.

–¿Qué repercusiones puede tener en Argentina la despenalización en Uruguay?

–Si apenas cruzamos el Río de la Plata, con personas culturalmente tan parecidas es posible que se avance sobre una ley que permite el aborto hasta las doce semanas de gestación por decisión de la mujer, obviamente que esto traerá aires de liberalización a la Argentina también. Cuando se logró la ley en México también tuvo un impacto en la opinión de la gente y en la fuerza del movimiento de mujeres. Soy una convencida de que hay que tener convicciones para lograr los cambios y los avances en Uruguay, en México o en Ecuador fortalecen el ejercicio de ciudadanía, hace que más mujeres se animen, demanden y accedan a la Justicia. Estamos hablando de un derecho humano especialísimo de las mujeres que el Estado debe proteger. Un derecho que abre el abanico de las oportunidades para tomar una decisión en mejores condiciones, un derecho que no es obligatorio para aquellas personas que nunca lo necesiten o tomen la decisión de continuar con un embarazo más allá de las circunstancia que rodean este hecho. Siempre la maternidad debiera ser una decisión consciente y por la tanto voluntaria y para que esto así sea se necesita educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal cuando por distintas razones fracasó lo anterior. Los hijos/as no pueden llegar a este mundo por desgracia, porque su madre fue violada, maltratada o simplemente le falló el condón. Las personas no somos animales biológicos y la maternidad tiene que ser acompañada del deseo y de la posibilidad de vida digna y amorosa para ese ser que deseamos que llegue a acompañar toda nuestra existencia.

–¿Deja enseñanzas el proceso legislativo que terminó ayer con la sanción de la ley?

–El proceso legislativo en Uruguay nos muestra una vez más que la lucha por estos derechos es muy difícil en todos lados, que hay que romper barreras patriarcales que pretenden ignorar los derechos humanos de las mujeres y que a pesar de haber sido frustrado el debate en el 2004, en el 2008 volvió con mejores expectativas. El derecho al aborto en América latina ha tomado una nueva jerarquía y ya no puede ser tabú en el Congreso. Por otro lado, las organizaciones de mujeres en Uruguay no han dejado de debatir e insistir y han desplegado estrategias de información y educación a legisladores para que no asuman discursos anclados en otras épocas. Ahora hay proyectos en Argentina que cuentan con estado parlamentario y uno ha sido presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y aspira también a lograr la posibilidad de que la mujer decida hasta las doce primeras semanas de gestación. Hay otros proyectos que tienen estado parlamentario y significan avances menores, esperemos que nuestro país no se quede en la edad de piedra con este tema y que no vuelvan a repetirse casos tan dramáticos como la niña mendocina de 12 años que todas y todos vivimos con espanto. En estos días hemos estado conversando con muchos diputados y diputadas de diferentes bloques y en general hay un clima de aceptación para liberalizar el aborto, seguramente el debate tan encendido y cercano puede llegar a contagiar las aguas del Río de la Plata y se concrete el debate de estos proyectos en el recinto.

–¿Qué opina de la amenaza de excomunión a los legisladores que apoyaron la ley de parte de la jerarquía católica uruguaya?

–En primer lugar, los consensos nacionales sobre cualquier tema no pueden darse bajo ningún tipo de amenazas. Eso es fascismo, fundamentalismo y otras cosas muy feas, es una pena que la jerarquía católica tenga que recurrir a esas amenazas de excomunión a los parlamentarios. Tal vez tienen la nostalgia de que durante 17 siglos la moral católica fue ley en los Estados, recién a partir del Concilio Vaticano II la Iglesia reconoce que no se puede gobernar a los pueblos con razones o criterios de una religión, asumen por primera vez la separación Iglesia-Estado pero esto es muy reciente todavía y prevalece la actitud de imponer y avasallar conciencias. Y también hay otra lectura que puede hacerse y así lo demuestran muchas encuestas: tienen que imponer a través de los poderes del Estado lo que sus propios fieles rechazan dentro de la Iglesia. Lo que no logran desde el púlpito pretenden imponerlo desde el Estado. Es lamentable porque las personas de fe sentimos tristeza y vergüenza de estas conductas de una jerarquía que está lejos de la vida concreta de las personas.

–¿Cómo debería actuar el presidente Tabaré Vázquez, que se define católico y que como médico, dice que no puede apoyar la ley de despenalización del aborto?

–La amenaza de veto del presidente Tabaré es muy dolorosa, compartimos el entusiasmo de uruguayas y uruguayos que lo votaron con tantas esperanzas de lograr más democracia, más justicia social, más libertades. Y resulta que ahora quiere vetar un derecho humano de las mujeres. Es una gran frustración para las personas que acompañamos de cerca ese proceso.

Ser católico no es sinónimo de ser autoritario, no obliga a un presidente a imponer sus creencias a la población o limitar por ello la vida democrática. No puede desconocer que en Uruguay más del 60 por ciento de la población está de acuerdo con esta ley desde hace muchos años. Es insólito que esto ocurra en el país más laico de América latina. El deber de los funcionarios públicos, sean jueces, legisladores o presidentes es respetar la pluralidad que anida en sus pueblos y gobernar para todas y todos, respetando todas las creencias y dando cada vez mayores espacios para tomar decisiones sobre sus propias vidas. A ningún presidente le corresponde gobernar la vida íntima de las personas e incluso ni siquiera a las autoridades eclesiásticas. Si una persona católica gobierna un país deberá amar al prójimo y a la prójima y respetar sus decisiones personales a la vez que generar consensos para la convivencia colectiva.