Una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y en todos los ámbitos es una vieja asignatura pendiente en el país. Desde hace más de diez años hay proyectos dando vueltas en el Congreso, pero ninguno logra entrar en la agenda de temas prioritarios para que oficialismo y oposición les presten atención. A fines de noviembre, el Senado dio un paso importante en ese sentido: dio media sanción, por unanimidad, a una iniciativa producto del consenso de once proyectos presentados por distintos bloques, que define los lineamientos generales de un plan de acción nacional, con responsabilidades claras en los distintos ministerios y en los tres poderes del Estado. La kirchnerista Marita Perceval es una de sus impulsoras. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, pero no empezó a estudiarse en comisiones.

En la Cámara baja, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez viene insistiendo desde que llegó al Parlamento con diversos proyectos. El último que presentó busca aportar al texto del Senado algunas “propuestas superadoras”, según explicó a Página/12. Ambos proyectos abordan en forma integral el problema de la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos: familiar, laboral, de las instituciones, de la salud, y también definen la violencia contra la libertad reproductiva, económica y mediática. Y recogen las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención de Belem Do Pará, que es Ley Nacional Nº 24.632. La Ley Nacional sobre Protección contra la Violencia Familiar vigente, la Nº 24.417, tiene ya 14 años. Por ser anterior a ese tratado internacional, no ha dado respuesta satisfactoria a todos sus requerimientos y deja sin protección a las mujeres víctimas de violencia en diversas circunstancias. De ahí la deuda pendiente que tiene el Estado al no adecuar la legislación.

Antes del cierre de las sesiones ordinarias, el jefe de la bancada de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, también presentó un proyecto que llamativamente tiene amplias coincidencias con algunas de las iniciativas que ha presentado Marcela Rodríguez. El proyecto pasó a la Comisión de Familia, donde este año tuvo dictamen favorable otro, también impulsado por Rodríguez pero acotado al problema de la violencia en el ámbito familiar y de las relaciones interpersonales.

La última propuesta de la diputada de la CC va más allá, en sintonía con el que aprobó la Cámara alta. Pero incluye algunas novedades: modifica el Código Penal en varios artículos, por ejemplo, incluye nuevas relaciones que agravan los homicidios cuando el victimario es el concubino y agrega un artículo de inimputabilidad para que no sea penada la mujer víctima de violencia que mata al marido, al acercar esa figura a la de legítima defensa pero teniendo en cuenta las especificidades de la violencia de género.

El proyecto del Senado tiene 45 artículos y prevé asignaciones presupuestarias para la implementación del programa. Antes de llegar al recinto pasó por seis comisiones. Su tratamiento llevó casi cuatro años. Define la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. El proyecto contempla la violencia de género en sus diversas formas (física, sexual, simbólica, económica y patrimonial y psicológica).

Entre otros aspectos novedosos, crea un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, destinado al monitoreo, recolección, registro y sistematización de los casos. Esta misma iniciativa es retomada por el proyecto de Marcela Rodríguez. La falta de datos certeros sobre el alcance de esta problemática es uno de los puntos que cuestionó recientemente el Informe Hemisférico del Comité de Expertas que evalúan el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará. El proyecto de Marcela Rodríguez propone además, en su segundo capítulo, la creación de una secretaría nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de género en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional que aborde la problemática de modo integral. Los dos proyectos incorporan obligaciones para los distintos ministerios. Y establecen medidas de protección y garantías procesales para las mujeres que denuncian. ¿Se aprobará en 2009 finalmente una ley integral para enfrentar este flagelo? ¿Cuántas mujeres tienen que ser asesinadas o quedar con serias lesiones para que entre el tema entre las prioridades del oficialismo de turno?