Por Alcira Daroqui *

El abuso sexual de menores siempre ha concitado fuertes expresiones de sanción moral y también, en algunas circunstancias, de sanción penal. Estas situaciones se agravan aún más si esos abusos se materializan en instituciones que tienen como función la protección y el cuidado de chicos que por determinadas circunstancias de su vida se les han vulnerado sus derechos y han perdido sus lazos familiares y por tanto se ha visto afectada su afectividad y en muchos casos su misma integridad física pero, aún más, si esas instituciones son dirigidas por representantes de instituciones religiosas a las que se les deposita confianza y legitimidad a sus acciones y propuestas.
En este sentido no llama la atención que cuando se ventilan hechos como los que tienen como protagonista al detenido padre Grassi, se produzca una suerte de catarata de opiniones desde los más diversos representantes institucionales condenando no sólo ya la conducta claramente reprochable sino el mismísimo proyecto de esa institución que alberga a más de 6200 chicos. Desde la palabra de funcionarios oficiales se ha escuchado que el modelo de la Fundación Felices Los Niños responde al modelo del Patronato y que por ello es cuestionable su misma existencia, se ha puesto en duda la eficiencia en cuanto a la contención y cuidado de una megainstitución como ésa: todo esto puede tener un fundamento razonable si esos mismos funcionarios y otros como los jueces de menores, asesores de menores, legisladores, integrantes del funcionariado de los Consejos del Menor, de organismos internacionales, etc., se preguntaran si existen mecanismos, estatales o comunitarios, de organismos de derechos humanos o internacionales, de contralor de esas instituciones, quiénes supervisan sus programas, sus prácticas institucionales, en qué ámbito se discuten programas por hacer y sobre aquellos que ya funcionan, quiénes saben realmente cuántos niños y niñas se encuentran internados en esa y otras instituciones, como ONG, fundaciones, clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas, hogares privados o particulares. Nadie conoce esa cifra, a nadie le importa realmente realizar un relevamiento que permita determinar la cantidad de chicos que no viven con sus familias y se encuentran a merced de las “buenas intenciones” de quienes los reciba.
En este marco de desconocimiento y ausencia de contralor, todo es posible, abusos sexuales, maltratos físicos, apropiación de los chicos, desvinculaciones deliberadas de sus precarios lazos familiares: la impunidad se fundamenta en estas cuestiones, en el desconocimiento, el ocultamiento, la desinformación y la negligencia. Los chicos son víctimas de este segundo gran abandono, de la sociedad y sus instituciones, estatales y particulares, de los funcionarios que cuando veían al cura mediático Grassi promocionando su “obra de bien” no salían a cuestionar públicamente ese modelo institucional que favorece tanto prácticas impersonales como discrecionales en pos de la asistencia.
Parece que ya es hora de sincerarnos de algunos problemas tan serios como estos que estamos presenciando. Y debemos también hacernos responsables y por sobre todo sería interesante que también nos hagamos cargo para empezar a revertirlos.
* Socióloga. Coautora con Silvia Guemureman del libro La niñez ajusticiada.