“¿Usted cree que ese estudio va a tomar en cuenta a las comunidades afectadas? Yo le aseguro que no”, aseguró Mara Puntano, abogada de comunidades aborígenes salteñas, con referencia al estudio sobre impacto ambiental que la Corte Suprema encomendó a la provincia de Salta y a la Secretaría de Ambiente de la Nación. “El secretario de Medio Ambiente de Salta, Julio Nasser, que estará a cargo del estudio, es el mismo que en audiencia pública defendió la política de desmontes del gobierno salteño”, subrayó.

Según Puntano, “en Salta hay 300 comunidades con personería jurídica, otras 300 que la tienen en trámite y muchas que no empezaron los trámites por problemas de accesibilidad: padecen los efectos de la contaminación, la depredación, la deforestación, y en su mayoría no han sido escuchadas”. La abogada denunció también que “la Universidad Nacional de Salta proveyó los profesionales que, en funciones de peritaje, participaron en los estudios de impacto ambiental que justificaron los desmontes”.

“El estudio que pueda surgir, tanto de la provincia como de la Secretaría de Ambiente de la Nación, va a ser ambiguo y seguirá permitiendo el daño”, anticipó Puntano, y auguró que “en la medida en que sigan los desmontes en las laderas de los cerros, se fomentarán nuevos aludes, y habrá otro Tartagal”, en referencia al alud que devastó esa ciudad en febrero pasado.