Al presentar el Plan de Seguridad Ciudadana, la Presidenta nos convocó a “buscar soluciones” y “no crear sensaciones” que sólo sirven para generar más miedo. Desde esa búsqueda, que debe bucear también en nuestra propia historia, nos parece sustantivo recuperar memoria y estrategias de gestión de gobierno que dieron resultado, que fueron efectivas, para apoyarnos en ellas, para ir por más. Pongámonos de pie frente a la avalancha que parece llevarse todo puesto, como si “aquí no hubiera pasado nada”. Y digamos las cosas por su nombre en un ejercicio de memoria histórica que es imprescindible.

A fines del año ‘97, todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo para declarar la emergencia en seguridad, declamar la necesaria intervención al sistema y generar una nueva institucionalidad. Luis Lugones se hizo cargo de conducir esa etapa. El crimen del periodista José Luis Cabezas había sido el detonante trayendo un doloroso aprendizaje colectivo: no habría posibilidad de tener seguridad con complicidad policial en el delito. Esa definición desplegaba consecuencias irrenunciables. Centralmente, que la conducción política se hiciera cargo de delinear un plan integral, que no quedara en manos de la policía (porque la seguridad es mucho más que la acción policial específica).

En 1999, el ex gobernador Carlos Ruckauf, con su lema “hay que meterles bala a los delincuentes”, logró desbaratar de un plumazo las bases recién colocadas del nuevo sistema. Era un slogan demagógico a tono con el clima mediático y con el reclamo popular creciente. No una propuesta de gobierno, menos un posicionamiento responsable frente al proceso apenas comenzado año y medio antes. Luego huyó a la Nación, dejando un caos en la provincia.

Felipe Solá, entonces su vicegobernador, quedó a cargo del gobierno provincial. Se sucedieron ministros de Seguridad a un ritmo vertiginoso. Catorce ministros entre el 2000 y el 2004. Una mención particular merece Juan Pablo Cafiero, que intentó recuperar el concepto del plan estratégico señalado.

El gobernador había perdido ya demasiado tiempo. Y la ola de secuestros extorsivos detonaba en las marchas multitudinarias encabezadas por el falso ingeniero Blumberg. Año 2004. Se recurre entonces al plan inicial que había quedado trunco. Y a la figura de Arslanian para volver a conducirlo. No fue Felipe Solá quien tomó el problema para abordarlo. Fue la realidad que le explotaba en las manos. En ese momento, el entonces presidente Néstor Kirchner debió intervenir para sostener la gobernabilidad de la provincia y señalar la necesidad de recuperar aquel plan integral.

El costo de la contrarreforma es altísimo, porque no debe haber peor reforma que la que no se sostiene en el tiempo con responsabilidad política.

Entre los años 2004 y 2007 se retoman los ejes de la reforma del sistema de seguridad en la provincia. Nos arremangamos de nuevo. La descentralización se materializó en la creación de 32 Jefaturas Departamentales y la llegada de la policía Distrital a los municipios y la Comunal a los partidos de menos de 70.000 habitantes. Se profesionalizó la fuerza con planes para completar los estudios secundarios, la creación del Centro de Altos Estudios Policiales para Tecnicaturas en Seguridad y convenios con universidades para los estudios de grado y postgrado. Del mismo modo, se avanzó en fortalecer la técnica operativa con 22 Centros de Entrenamiento. Se unificó el escalafón porque todos deben tener posibilidades de crecimiento dentro de la fuerza en función de mérito, formación y desempeño. Se la dotó de más recursos y de mejores salarios. Se logró incrementar el ingreso de policías por año, para lo cual se descentralizaron y multiplicaron escuelas de formación (de 1000 policías se llegó a ingresar 5000 por año). Se renovó la Auditoría de Asuntos Internos y su conducción quedó a cargo de civiles ajenos a la estructura policial para garantizar un efectivo control. Se creó la Central de Emergencias Policiales 911, herramienta que puso a prueba la respuesta policial rápida y que se organizó en tiempo record.

Se convocó a la comunidad para lograr una efectiva participación ciudadana a través de los Foros de Seguridad cuya tarea puede sintetizarse en tres ejes: control comunitario del accionar policial, prevención situacional y prevención social de la violencia.

Hubo resultados. Mal que les pese a quienes desisten de datos. También mística.

Uno de los ejes fue recuperar la confianza de la comunidad. Pasar de marchas espasmódicas a organización comunitaria en cada barrio, con acciones concretas y trabajo conjunto policía-comunidad. Los ciudadanos participaban en el Plan Local de Seguridad elaborando Mapas de Prevención Comunitaria del delito y la violencia. Lo hacían cara a cara con la policía de su jurisdicción, generando acuerdos a cumplir y monitoreando los resultados.

Entretanto, Francisco de Narváez hacía –como hoy– politiquería barata con el problema de la inseguridad, vapuleando al entonces gobernador (ahora su aliado) y a su ministro. Criticaba a mansalva lo que se estaba construyendo. No proponía aún el franco mamarracho que llama “mapa virtual del delito”, en el que se ingresan datos sin ninguna corroboración. Son mapas de la inseguridad porque lo único que generan es confusión, desánimo, impotencia y más miedo.

Actualmente el proceso político en la provincia tiene muchas contradicciones. En seguridad, dolorosamente, una nueva marcha atrás. Pactar con la policía para intentar controlar el territorio no sirve. Más tarde o más temprano deberemos retomar los ejes de reforma mencionados. No porque lo digamos nosotros, sino porque así lo señalan todas las experiencias internacionales que han tenido éxito en la materia.

La Presidenta destacó que “un modelo de protección ciudadana implica necesariamente un modelo de desarrollo económico y redistribución del ingreso” y sostuvo que “sin trabajo, con gente mal paga, con trabajo informal, no hay plan de seguridad, ni GPS, ni patrullero que alcance”.

Estableció un marco conceptual en el que la problemática de inseguridad excede la eficacia del accionar policial y se encuentra ligada a los niveles de inclusión social y participación comunitaria.

No coincidimos en echar mano a la reincorporación de policías exonerados de la fuerza. Bastante dolor ya llevamos a causa de prácticas de delito y de violencia institucional internos como para pensar que pueden aportar algún tipo de solución. Por el contrario, serán parte de la agudización del problema a corto plazo. Las mujeres de sectores populares que más aportes han hecho a lo largo de estos años en prevención de violencia son madres de víctimas de gatillo fácil.

* Ex subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Referente de la Corriente Nacional Justicia Social.