Estas son las principales modificaciones que se propician:
- En el artículo 142 bis y en el artículo 170 del Código Penal se mantienen las penas de 5 a 15 años tanto por privación ilegal de la libertad como por secuestro extorsivo, pero se eleva a ocho años el mínimo si el delincuente logra el propósito buscado con su accionar.
- La pena será de 10 a 25 años si la víctima es una embarazada, un menor de 18 años o un anciano de más de 70; si fuera un ascendiente, hermano, cónyuge o individuo “al que se deba respeto particular”; si se causara a la víctima lesiones graves; si la víctima fuera discapacitada o enferma o si el autor es agente del gobierno o miembro de una fuerza de seguridad; cuando participen tres o más personas.
- La pena será de prisión o reclusión perpetua cuando se produzca la muerte intencional de la víctima. Será en cambio de 15 a 25 años de prisión si la muerte fuera una consecuencia no querida por el autor.
- Si alguno de los miembros de la organización ayudara a la víctima, la pena se reducirá en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los “partícipes o encubridores”. En caso de corresponderle prisión o reclusión perpetua, podrían recibir de 8 a 15 años.
- Se modifica el artículo 23 del Código para establecer que se pueda decomisar “la cosa mueble o inmueble” donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad. El producido de las multas que deriven del decomiso será destinado a programas de asistencia a la víctima.
- Se crea un Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. En el caso de estos últimos, a los que hubieran colaborado con la Justicia para ayudar a la víctima. Les darán protección y asistencia económica, que en ningún caso será por más de seis meses.
- Se crea un Fondo Permanente de Recompensas para pagar una compensación dineraria a los que brinden datos útiles para lograr la libertad de la víctima.
- Por último, se modifican varios artículos del Código Procesal para fortalecer y facilitar la actuación de jueces y fiscales.