Un policía de Río Negro que estaba abocado a la investigación de una causa judicial que sigue las pistas de una presunta red de trata en la que estarían involucrados efectivos de la fuerza de seguridad fue cesanteado, luego de sufrir una persecución interna por parte de autoridades policiales. El hecho fue denunciado por el Centro de Derechos Humanos del Comahue (Cedhco), la Fundación El Otro y la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Las organizaciones reclaman al gobernador, Miguel Saiz, que se revea la medida. “No es la primera vez que ocurre que un policía que investiga casos de trata es separado de su cargo o le obstaculizan su labor desde la misma fuerza. Ocurrió en Chubut, en Córdoba, en Tucumán y en La Pampa”, denunció a Página/12 Mercedes Assorati, directora del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro.

El oficial cesanteado es Gabriel Ormeño, quien llevaba 13 años en la fuerza. Ormeño se encontraba a disposición de la jueza de Instrucción Penal N 30, de Choele Choel, Marisa Bosco, quien tiene a su cargo una causa judicial en la que están imputados diez policías por su vinculación con proxenetas, y se los acusa, entre otros delitos por asociación ilícita y abuso de autoridad. Esa investigación fue abierta cuando en 2007, en el marco de la pesquisa por la desaparición de la joven Otoño Uriarte –quien meses después apareció muerta–, se descubrieron escuchas telefónicas que mostraban la connivencia de policías de la comisaría 8ª de Choele Choel con proxenetas y reafirmaban sospechas sobre la existencia de una trama de protección policial a una red de trata de mujeres en Río Negro. En aquellas escuchas telefónicas surgió, por ejemplo, que un proxeneta le pedía a un suboficial de la seccional “blanquear” a una joven menor de 18 años que tenía en su prostíbulo. Choele Choel está ubicada a 340 kilómetros de Viedma, sobre la ruta 22 y es paso obligado al Valle de Río Negro.

El 29 de noviembre de 2007 la jueza Bosco solicitó los servicios del oficial Ormeño. Un mes después, exactamente el 29 de diciembre, la cúpula policial de Río Negro le comunicó que había decidido su traslado a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ormeño resistió el traslado. Las autoridades de la fuerza le iniciaron entonces una causa “sumarísima”. Y en junio de 2008 lo dejaron sin sueldo y le cortaron incluso los aportes jubilatorios y la obra social. Ormeño tiene 33 años, y es padre de dos hijas. Siguió mientras tanto trabajando en comisión con la magistrada. Finalmente el 3 de agosto lo llamaron a “debate”, una especie de juicio donde un tribunal de disciplina, integrado por el subjefe de la fuerza y cuatro directores de la plana mayor de la Policía de Río Negro, decidieron por unanimidad pedir su cesantía.

El jefe de la Policía de Río Negro es Víctor Cufré. Las tres entidades que vienen trabajando contra la trata de personas desde hace varios años en el Valle de Río Negro emitieron un comunicado de prensa donde reclaman la reincorporación de Ormeño a la policía rionegrina. Las entidades manifestaron estar “sorprendidas” por la cesantía y consideraron que se trata de una decisión “arbitraria”, teniendo en cuenta “la excelencia del trabajo desarrollado por el oficial principal, decisión que se suma a la arbitrariedad previa decidida por la Jefatura, de no pagarle ni siquiera el salario familiar”.

Este hecho, precisó Assorati de la Fundación El Otro, “se suma a la impunidad que goza el dueño del prostíbulo Las Vegas, de Choele Choel, donde se han realizado numerosos operativos desde 2005, en los que han sido liberadas más de cincuenta mujeres, muchas de ellas menores de edad, algunas de Paraguay, que incluso fueron repatriadas con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”. En ese municipio, indicó, las autoridades comunales otorgan habilitación a whisquerías que son pantallas de prostíbulos, en abierta violación de la Ley de Profilaxis que prohíbe las llamadas “casas de tolerancia”. También en ese distrito, agregó Assorati, las “alternadoras” deben registrarse en la intendencia y tramitar una libreta sanitaria. “La impunidad es increíble”, sostuvo Assorati.