La Alumbrera Limited comenzó su actividad en 1997. Un año después, el entonces director de Medio Ambiente de Tucumán, Juan González, denunció a la empresa por los niveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera, que cae en la cuenca del río Salí Dulce. En 2002 el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Antonio Gómez, retomó el expediente y, en 2008, llevó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney, a ser procesado por el delito de contaminación peligrosa –previsto en la ley nacional de Residuos Peligrosos–. Se consideraba que en 2010 la causa sería elevada a juicio oral y público, y de probarse la responsabilidad de la empresa en la contaminación del canal, podría abrirse una causa de lavado de dinero a las universidades que recibieron fondos de la empresa. “Como en cualquier otro delito en el que se recibe dinero proveniente de un ilícito y se lo aplica a otros fines se comete el delito de lavado de dinero”, explicó el fiscal Gómez en diálogo con Página/12. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal consideró el jueves último “hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa” y “anular la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán”. Esto no significa que “sobreseyó a Rooney”, apuntó Javier Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, sino que la causa continúa abierta, pero deben realizarse nuevas presentaciones conformes a la sentencia del tribunal, que –con dos votos negativos y una disidencia– consideró anomalías formales durante el proceso y negó indicios de contaminación, tomando en cuenta los estudios realizados por la Universidad de Tucumán, integrante de la empresa.