Centenares de personas pertenecientes a organizaciones barriales, partidos de izquierda y centros de estudiantes marchaban ayer por la Avenida de Mayo hasta la Legislatura porteña para pedir la “disolución de la UCEP”. Entre los manifestantes y los carteles que rezaban “Más presupuesto para Educación y Salud. Basta de UCEP” estaba Graciela Cisneros –que junto a Carla Baptista fueron dos de las víctimas que denunciaron el accionar de la unidad de control– y entre la concurrencia aseguró que está “más tranquila por el apoyo de la gente, pero hasta que no se termine con la Ucep nos vamos a sentir amenazados”.

“Dicen que el personal de la UCEP está capacitado para trabajar con la gente en situación de calle y la único que hacen es golpearlos y discriminarlos”, resaltó Horacio Ricardi, un vecino del barrio de Constitución que aseguró que “siguen ocurriendo hechos de violencia contra las personas que duermen bajo la autopista en la 9 de Julio, pero no se animan a denunciar porque tienen miedo a la represión”.

Frente a la Legislatura, Marcelo Varela –vecino que sacó las fotos a los ataques de la UCEP contra Graciela y Carla– pidió que “los legisladores eleven un pedido de informe a (el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo) Piccardo porque trató a las víctimas de mentirosas cuando hay fotos y videos que los prueban”. Además, Varela apuntó que la UCEP “sigue saliendo a hacer operativos y esta semana hubo golpizas en Plaza España y el campito de Garay y Pichincha”.

El jueves, la Defensoría del Pueblo porteña, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría oficial de la Justicia porteña presentaron un informe donde constan catorce denuncias de agresiones a indigentes en un año y reclamaron la disolución de la UCEP.