Los gobiernos nacional y provincial apuntaron a los canales no declarados como una de las causas en la inundación que cubre San Antonio de Areco. Los directivos de Carbap, CRA y Federación Agraria reconocen la ilegalidad de “algunos” desagües, pero acusan a la Dirección Hidráulica de Buenos Aires por no controlar las irregularidades que los mismos ruralistas realizan. Fiel a su discurso, Sociedad Rural desconoció cualquier vínculo entre las inundaciones y la excavación de canales en los campos. La entidad que preside el productor tambero Hugo Biolcati calificó al Gobierno de mezquino y señaló que las acusaciones responden al “resentimiento político”. Si bien no cuestionan la incidencia de los canales dragados ilegalmente, distintos especialistas hídricos y funcionarios provinciales reconocen la presencia de otros factores en la inundación como la cantidad de agua que cayó, la siembra directa y la falta de controles.

“Puede haber o no algunos canalitos, pero eso lo tiene que saber la gobernación. Ellos son los responsables de no haberlos denunciado en su momento, si es que se hacen las cosas bien”, apuntó el vicepresidente de SRA, Alejandro Delfino. De acuerdo con la lógica del empresariado rural si un grupo de productores violan la ley para mejorar su rentabilidad, pero el Estado no lo detecta y denuncia, la responsabilidad únicamente recae sobre las autoridades de control.

Con distintos matices, el mismo razonamiento se reprodujo durante el día de ayer en los dirigentes de la Mesa de Enlace consultados por Página/12: “Hay canales clandestimos en todos lados, pero es un disparate ponerlo como la madre de todas las causas. La principal incidencia está en que llovió una barbaridad y la falta de control, evidencia una inoperancia absoluta”, apuntaron cerca de Eduardo Bu-zzi, titular de FAA. Desde CRA agregaron que “los canales ilegales son muy pocos y no pueden impactar como dice el Gobierno. El río está totalmente tapado, se ve en el Google Earth. La inundación responde a una situación de desidia hidráulica”. No niegan la existencia de canales sin declarar, sino que culpan al Estado por no controlarlos después de dos años de conflicto, donde uno de los argumentos centrales fue la estigmatización de la intervención pública en las distintas esferas de la actividad.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, advirtió que “existen entre 20 y 30 canales artificiales no declarados que se utilizan como salida de los campos al río a una velocidad muy alta”. Según explicó el funcionario, de esta forma un proceso de drenaje que habitualmente se realiza en 48 horas tomó solo 4 o 5 provocando una crecida inusual del río. De Vido apuntó que en los alrededores de las propiedades donde existen los canales “los campos están sin una gota de agua”. Además, el ministro señaló que si bien “no es un hecho común que llueva tanto, no son volúmenes que justifiquen la inundación”.

Como si estuviera recordando la fortaleza de los argumentos utilizados por los representantes de la Mesa de Enlace durante el debate por las retenciones, Buzzi sostuvo que “el Gobierno debería ser más serio y dejar de hablar macanas. Hay como una especie de obsesión por intentar confundir a la opinión pública y no hacerse cargo de las cosas”. Para completar sus argumentos la Sociedad Rural apuntó a través de un comunicado que “la mezquindad de la acusación responde sin duda a algún tipo de resentimiento político, pero nada tiene que ver con la gravísima inundación”.

Ayer por la tarde distintos funcionarios del gobierno de Daniel Scioli limitaron y relativizaron la responsabilidad de los canales clandestinos en la inundación. Según señaló a este diario el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, “tenemos que analizar todas las causas. Las consecuencias de los vientos del sudeste, la altura del Paraná, el nivel de limpieza del circuito, la situación del desagote en los canales”.

Al mismo tiempo, Casal advirtió que “la lógica de producción de la siembra directa, donde no se ara la tierra y no hay rotación, no permite que la tierra absorba de la forma adecuada”.

“Estamos ante una situación de abuso desmedido de los productores y falta de control del Estado. Hace cuatro años tienen hechos los canales, son producto de la recuperación económica”, apuntó el intendente de Lincoln, Jorge Fernández, a este diario. El funcionario, perteneciente al Frente para la Victoria, reclamó “la creación de una ley que faculte a los municipios para clausurar las construcciones hasta que intervenga la autoridad competente”. El intendente de Lincoln estimó que el dragado de un canal como los que existen en su localidad cuesta entre 300 y 400 mil pesos. Por su parte, Ramón Vargas, especialista en recursos hídricos del Chaco, desestimó la relevancia de los canales ante “la gran cantidad de lluvia y las deficiencias en la infraestructura que atraviesa el río impidiendo la correcta evacuación del río”.