“La Asociación de Anestesia de Buenos Aires efectúa un manejo monopólico de la oferta de los profesionales asociados”, sostiene un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a partir de una investigación sobre 17 hospitales de la Capital. Según la Defensoría, un pilar de la estrategia aplicada por la Asociación aprovecharía el control de la formación de posgrado en la especialidad: el cupo admitido por la Asociación es de sólo diez por año para toda la ciudad. El reducido número de anestesiólogos, así garantizado, podría desde luego vincularse con casos como el del chiquito fallecido en el Penna (ver aparte), pero permitiría a los miembros de la Asociación “seleccionar las cirugías programadas, posponiendo las que duran mucho”; o cometer “ausentismo frecuente sin razones, provocando suspensión reiterada de cirugías”. Un propósito de la entidad sería “que los anestesistas cobren por prestación y por intermedio de la Asociación: ya lo lograron en el Garrahan, luego de dejarlo 50 días sin anestesistas”, según un representante de la Defensoría, para quien “el Gobierno de la Ciudad no puede o no quiere gestionar esta situación”.

El informe, basado en entrevistas con directores y jefes de servicio de 17 hospitales porteños, procuró establecer “las causas que dificultan la accesibilidad a intervenciones quirúrgicas”. En el capítulo “Situación de anestesiología” advierte que “la regulación del número de anestesiólogos queda en manos de una asociación corporativa, impidiendo a las autoridades la planificación de la actividad quirúrgica”.

El informe observa que “con la promulgación de la Ley de Emergencia en Anestesiología, de 2007, se aumentó a 50 el número de cargos para la residencia de formación en la especialidad. Pero desde 2009 el número de cargos bajó a diez. Esto se generó por presión de la asociación que nuclea a los anestesiólogos y que tiene el monopolio de la formación de los residentes”.

Según el informe, directores y jefes “manifestaron que en ocasiones los anestesiólogos seleccionan las cirugías programadas, eligiendo las de menor extensión y posponiendo cirugías complejas y de larga duración” y que “el ausentismo frecuente sin razones que lo justifiquen hace imposible la programación de las cirugías, provocando la suspensión reiterada y prolongando los tiempos de espera, que llega a más de dos años”.

El informe revela que eventualmente “la Asociación indica a sus miembros no presentarse a concursos en los hospitales, que así muchas veces quedan desiertos”. Cierto que, en contrapartida, el informe acusa al Ejecutivo porteño por “demoras, de un año o más en los nombramientos de profesionales que ganaron concursos”; durante ese lapso el profesional trabaja sin cobrar por su cargo; esto pasa en distintas especialidades.

Para Carlos Niccolini, jefe del área Salud de la Defensoría del Pueblo porteña, “la Asociación de Anestesia busca condiciones privilegiadas respecto de otros profesionales: dejar de ser empleados y cobrar por prestación, con la Asociación como intermediaria. Ya lo lograron en la provincia de Buenos Aires y también en el Hospital Garrahan, al que dejaron 50 días sin anestesistas. Su estrategia es presionar cada vez en un lugar distinto. La bajísima cantidad de profesionales que forman les permite seguir siendo pocos y así tener más poder de presión”.

Niccolini señaló que “este tema atraviesa las gestiones de gobierno; lo venimos planteando desde 2004. Con los ministros Alfredo Stern (gestión Ibarra) y Alberto De Micheli (gestión Telerman) se intentó modificar la situación, pero el ministro Jorge Lemus (actual gestión de Mauricio Macri) aflojó. El actual gobierno de la ciudad no supo o no quiso gestionar este conflicto”.

La Defensoría sostiene “la imperiosa necesidad de que el Estado tome el control y regulación de la formación y matriculación de la especialidad en anestesia, así como el nombramiento del número necesario de profesionales, resistiendo las presiones corporativas y, por otra parte, acelerando los tiempos de tramitación de los nombramientos”. Ya en 2008 Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad, había requerido la intervención de la Inspección General de Justicia en la Asociación de Anestesia.