Desde Copiapó

Alrededor de 50 mineros de la empresa San Esteban, encargada de la mina San José, se juntaron ayer en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores en Copiapó. Coincidieron en que el colapso de la mina era algo más que predecible y lamentaron los padecimientos de “los niños”, como les dicen a los 33 mineros atrapados. Pero el tema central, mientras los empresarios que explotaban las minas fueron interrogados por la Justicia, fue el dinero que el gobierno les prometió, ya que la empresa dejó de pagarles desde el 5 de agosto, cuando ocurrió el derrumbe.

“Hasta ahora sólo nos pagaron la primera quincena de agosto y estamos preocupados porque no tenemos noticias de la segunda quincena y todo lo que se habló con el gobierno es de palabra, no tenemos ningún papel firmado”, comentó uno de ellos, que pidió reserva de su identidad. Según él, lo prometido es que el gobierno se haga cargo de los salarios (el sueldo más bajo es de 800 dólares) de los 150 mineros cesantes. Será hasta diciembre, cuando salgan los 33 mineros atrapados y ellos comiencen las acciones legales contra la empresa.

“La empresa enseguida se desligó y el gobierno por presión de la prensa y del sindicato se hizo cargo de nosotros, si no quedábamos sin dinero”, dijo la fuente, uno de los dirigentes de la mina. Se votó entonces “ir arriba”, es decir, hablar con los representantes del gobierno para firmar un compromiso de pagos. “Ya sabemos que la empresa se va a tirar a la quiebra, también sabemos que ganaron mucha plata a costa de nuestra vida, les confiscaron 900 millones de pesos (1,9 millón de dólares), pero tienen más escondido, seguro”, agregó el dirigente.