En el derrumbe del Beara murieron Adriana Lizarraga, de 20 años, y Leticia Provedo, de 21, mientras que se registraron más de 20 heridos. El jueves de la semana pasada, dos meses después de la tragedia, renunció Martín Farrell, director de Habilitación y Permisos del gobierno de Mauricio Macri. Farrell era el responsable del área que le otorgó al Beara una habilitación como “casa de fiestas privadas”, a pesar de que una funcionaria de su propia gestión le había advertido que ese local había sido clausurado por reiteración de infracciones.

Farrell es uno de los cuatro funcionarios a los cuales el fiscal de la causa, Andrés Madrea, pidió que se les tomara declaración indagatoria por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”, la misma imputación por la que fue condenado el gerenciador de Cromañón, Omar Chabán. La caída de Farrell se produjo poco antes de que declarara en la causa Vanesa Berkowski, la directora de Verificación y Control que había clausurado por lo menos dos veces el Beara, porque funcionaba como discoteca, cuando había sido habilitado como bar, confitería y restaurante.

Los otros funcionarios imputados por la fiscalía son el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; el jefe de la misma área, Norberto Cassano, y el inspector Carlos Mustapich. En la misma condición están los cinco propietarios del local nocturno.