Ya hay seis médicos procesados en el país por incumplimiento de los deberes de funcionario público por negarse a practicar un aborto no punible. Son quienes obstruyeron la interrupción legal de embarazo solicitada por la joven Ana María Acevedo, de cuya muerte se cumplieron esta semana cuatro años. La joven, muy pobre, madre de tres hijos, falleció a los 20 años, el 17 de mayo de 2007, en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Sufría cáncer y cursaba un embarazo incipiente. Los médicos que la atendieron se negaron a practicarle un aborto no punible y no le realizaron los tratamientos oncológicos que requería su cuadro para preservar la gestación. Alegaron “convicciones y cuestiones religiosas”. Cuando estaba ya en estado “pre mortem”, fue sometida a una cesárea. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas de gestación, sobrevivió 24 horas. Tres semanas después, murió Acevedo, dolorida y deformada. Están procesados por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público el ex director del Iturraspe, Andrés Ellena –desplazado del cargo a partir de este caso–, y los jefes de los servicios de Oncología, César Blajman, y de Ginecología, Raúl Alejandro Musacchio. También están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los médicos Jorge Venanzi, oncólogo radiólogo del Iturraspe, y otros dos médicos del hospital de la localidad santafesina de Vera, donde la joven fue atendida en un primer momento.