El texto que comenzó a ser debatido en el Senado autoriza a “una persona física” a reproducir “obras dramáticas, musicales y audiovisuales, incluyendo las cinematográficas y los fonogramas”. Pero la reproducción sólo podrá hacerse una vez, y esa “única copia” debe ser exclusivamente “para uso privado y personal” de quien lo copia, no puede ser “objeto de utilización colectiva ni lucrativa” y debe realizarse “a partir de un ejemplar legítimamente adquirido, o de un acto de comunicación al público debidamente autorizado por los respectivos titulares de derechos involucrados”. Esa copia, a su vez, “originará un derecho de remuneración” en favor de “los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los productores de obras audiovisuales”.

La iniciativa firmada por Rubén Giustiniani y Miguel Angel Pichetto, el expediente S3732/10, propone cobrar ese “derecho” (no se trata de un impuesto, el Estado no recauda ni distribuye los fondos) a “fabricantes o importadores de soportes, aparatos o elementos aptos” para hacer las copias. El conjunto es amplio y comprende desde cds y dvds vírgenes hasta teléfonos celulares que reproducen música (o pueden usarla de ringtone), pasando por computadoras, discos rígidos y memorias portátiles, reproductores portátiles de mp3. Lo que deba pagarse por cada uno de ellos varía entre el 75 por ciento (cds vírgenes, por ejemplo) y el 1 por ciento (celulares “con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido”).

Seis entidades, las mismas que impulsan el proyecto, serían responsables de “la recaudación, administración y distribución de la remuneración” en que se convierta el derecho: Sadaic, Argentores, la Asociación Argentina de Intérpretes, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). Por otra parte, un 5 por ciento “del total recaudado, previo descuento de los gastos de administración” tendrá por destino el Fondo Nacional de las Artes.