Estadísticamente, en la Argentina, la mayoría de los homicidios dolosos causados por armas de fuego no ocurre en ocasión de otros delitos. Por el contrario, de acuerdo con estudios de la Red Argentina para el Desarme (RAD), lo recurrente es que esas muertes sean consecuencia de “conflictos personales que derivan en lesiones por disposición de armas”. Así señala Sidonie Porterie, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y lo ratifican estudios encargados en los últimos años por la RAD. De los nueve muertos de cada día a causa de armas de fuego que registra el sistema público de salud en los últimos 18 años, acota Adrián Marcenac, padre de Alfredo, el joven asesinado por un francotirador en 2006 en Belgrano, “sólo la cuarta parte lo es en ocasión de robo”. Se trata de personas que pierden la vida a causa de “suicidios, casos de violencia de género, discusiones territoriales, violencia en el fútbol, violencia sindical o casos de gatillo fácil”. El tema vuelve al centro del debate después de los hechos ocurridos en la casa del conductor televisivo Baby Echecopar

La posesión de armas por parte de ciudadanos deriva inevitablemente en “un problema” a raíz de diferentes situaciones con un denominador común: “conflictos personales que derivan en muertes o lesiones”, señala Porterie, del Inecip, una de las instituciones que integran la RDA. “En la estadística del Ministerio de Justicia de 2008, por ejemplo, está demostrado que el 64 por ciento de los homicidios dolosos no sobrevienen en ocasión de delito. Años anteriores, ese porcentaje era del 75. Pero aunque cambie ese número, la situación es la misma: significa que en la mayoría de esos casos se trata de conflictos interpersonales. Por eso, al trabajar sobre la necesidad del desarme, uno de nuestros puntos de partida es comprender que, en general, los argentinos matamos más en acción de conflictos que lo que tienen que ver con delitos.” Es ese dato, explica la especialista, el que reinterpreta el hecho de guardar armas en la propia casa.

“La tenencia de armas en el hogar incrementa los riesgos para que sucedan suicidios, accidentes” y situaciones, como la de San Isidro, que “podrían resolverse de otra manera y sin embargo sólo lo hacen de manera violenta por existencia del arma”. La sola tenencia de armas “que supone una posibilidad de seguridad personal, de acuerdo con lo que la estadística dice de esos casos, puede no ser tal”.

De acuerdo con la Red Internacional de Acción contra Armas Pequeñas (Iansa, según sus siglas en inglés), alrededor de todo el mundo las cifras aseveran que, de cada diez intentos de autodefensa por parte de ciudadanos armados, nueve tienen finales con muertes o lesiones no deseadas. En esos casos, “lo que también se plantea es que la ocasión de delito toma por sorpresa –agrega Porterie–. La persona que tiene un arma tiene que reaccionar y no siempre está preparada para actuar en consecuencia ante la acción que recibe. De allí que los riesgos, con esas armas, se incrementen. Para sí mismos y para el entorno en que ocurre esta situación.”

Un millón doscientas mil personas tenían legalmente, en 2010, armas en sus casas, de acuerdo con un informe realizado por la consultora Mora y Araujo. No registradas, es decir, poseídas de manera ilegal, “se estima que otro tanto”, dice Porterie. La mayoría de las personas que las tenían registradas explicaba que la había comprado para protegerse.

“Las armas en manos de ciudadanos son las que generan estas tragedias todos los días”, afirma Adrián Marcenac, padre de Alfredo, el joven asesinado por un francotirador en Belgrano hace casi seis años. Volcado a la RDA desde el asesinato de su hijo, Marcenac combate con estadísticas e investigación la posesión particular de armas. “Si tomáramos el camino que muchos argentinos usuarios de armas señalan, que es proveerse de armas para seguridad, estaríamos volviendo al Lejano Oeste. Y ahí no salían ganando los más vulnerables ni los más justos, sino los más hábiles con las armas.”

Marcenac, que se declara a favor del “programa de entrega voluntaria de armas, que permite a los ciudadanos desarmarse en forma anónima”, cree que también “es necesario que los tres poderes del Estado tomen cartas en el asunto”. “Hablamos de casi tres millones de armas fuera del circuito legal, la mayoría fueron legales en su origen y en algún momento evadieron los controles. Por eso, además de la política de desarme, también son importantes los mensajes de la Justicia: no se puede juzgar igual el arrebato callejero que el robo con arma. Y el sistema legislativo también tiene que cambiar, porque como está la ley, estos casos se postergan tanto que nunca llegan a sentencia.”