Decenas de móviles hostigaban la casa de los Echarri en aquel fin de octubre cuando una extraña banda mantenía secuestrado a Antonio, el padre del actor. Hoy ya no es un secreto que hubo al menos un medio que escuchaba clandestinamente el celular de Pablo Echarri y volcaba al aire todo el contenido de las negociaciones entre el actor y los secuestradores. Cada diez minutos, aparecían las placas y los informes de última hora: “Hubo una prueba de vida”, “Se llegó a un acuerdo” e incluso frases concretas de las conversaciones.
En el caso de Christian Riquelme ocurrió algo similar. Se hacían públicas, casi en tiempo real, las negociaciones con los secuestradores y hasta quiénes se ofrecían por teléfono –entre ellos Mauricio Macri y Carlos Bianchi– a colaborar con efectivo para pagar el rescate. Los medios arrinconaron tanto a Juan Román Riquelme, que quienes hablaban con los secuestradores, entre ellos el jugador, tuvieron que mudarse a una vivienda cercana porque los captores les decían por teléfono “escuchame viejo, sacá toda esa gente de ahí porque mezclados entre los periodistas hay ratis (policías)”.
Esta vez la cobertura tiene, en general, otro tono y otra intensidad. Da toda la impresión de que Mauricio Macri se comunicó con buena parte de los dueños de los medios de comunicación y les pidió que no hostigaran a su familia, que les dejaran la cancha libre para poder negociar con un mínimo de tranquilidad. Se trata de una familia poderosa en la que un pedido suena un poco como pedido y otro poco como orden. Y eso tiene su efecto: hay menos gritos en la cobertura, nadie se atreve a hacerle una escucha ilegal a las víctimas, está ausente la información alarmante –“Parece que se produjo el peor final para Antonio Echarri”– y no aparecieron los camarógrafos y fotógrafos en helicópteros o alquilando balcones en casas vecinas. Aun así, no escapa a nadie que los medios que sintonizan con el menemismo no se pierden la oportunidad de darle gran despliegue al tema y hablan de caos, necesidad de mano dura, orden y que “esto ya no se aguanta más”. Hacen el cálculo electoral que el secuestro le arrima más votos al candidato del supuesto orden, Carlos Menem, pese a que precisamente durante su presidencia secuestraron, en 1991, a Mauricio. Y, dicho al pasar, los secuestradores fueron policías.
Lo que los Macri consiguieron a fuerza de poder debería ser una norma del periodismo argentino. Y debería ser una norma en el caso de un familiar de un actor, de un jugador de fútbol o de un ingeniero. El secuestro es un delito muy delicado en el que la víctima está en poder de los secuestradores y éstos disponen de su vida: cualquier cosa puede desestabilizarlos y llevar a la muerte del secuestrado. Un periodista diciendo al aire que “la banda está integrada por delincuentes de la zona oeste, que estuvieron presos en Sierra Chica y que ya están identificados”, puede llevar a los secuestradores a sentirse en peligro, que decidan matar a la víctima para sacársela de encima e inmediatamente huir. Además, el hostigamiento periodístico traba los movimientos, las negociaciones y hasta el pago del rescate: el año pasado se vivió el caso de un jovencito secuestrado en Ramos Mejía, cuyo padre debió salir de su casa por los techos de un vecino –en su puerta había guardia periodística– para ir a pagar lo que pedían los secuestradores.
En cada secuestro está la responsabilidad de las autoridades. Son ellas las que deberían poner un vallado a dos o tres cuadras de la casa del secuestrado e impedir el hostigamiento. Son ellas las que tienen que sancionar a los policías que filtran la información. Pero también las empresas periodísticas tienen su responsabilidad. Dejemos a las familias de los secuestrados en paz, aunque su apellido no sea Macri.