“Faltan políticas públicas de prevención de la violencia de género”, advirtió la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y puntualmente reclamó campañas de difusión que contribuyan a que las víctimas tomen conciencia sobre esa situación y puedan pedir ayuda antes de que su vida esté en riesgo. En diálogo con Página/12, Gherardi enfatizó las medidas que podrían haberse tomado para proteger a María Medina, ante el pedido desesperado de su madre, Rut Tomatis, al advertir que podía estar de novia con un hombre violento.

–Cuando una mujer adulta está en una relación con un hombre violento y no toma conciencia de ello, ¿cómo pueden actuar los familiares? ¿Qué se puede hacer para protegerla?

–El caso de María Medina nos confronta con algunos de los problemas más grandes de las leyes y políticas sobre violencia contra las mujeres y también nos muestra los límites de la ley y la deficiencia de las políticas públicas. Las normas indican que las denuncias de violencia las puede formular cualquier persona, y no solamente la interesada o afectada. Esto es así no sólo en el caso de niñas, niños y adolescentes, sino que las denuncias pueden ser planteadas aun sin consentimiento de las mujeres mayores afectadas por situaciones de violencia. Esto significa que la denuncia de la madre debería haber sido tomada por la policía y por la oficina de violencia local. Sin embargo, también es cierto que aun cuando hubieran aceptado la denuncia, ¿cuál es la intervención que podrían o deberían haber hecho? El caso nos confronta con los límites de la ley y las dificultades de proteger a una persona adulta que no desea esa protección. Las normas prevén que el Poder Judicial pueda dictar órdenes de protección (no acercamiento del agresor, exclusión del hogar o reingreso al hogar en caso de que convivieran, etc.) pero no es practicable dictar estas medidas oponiéndose a una mujer adulta.

–¿Eso es todo lo que podrían haber hecho?

–No, seguramente hay otras intervenciones que también servirían para marcar un límite, de utilidad tanto para el agresor como para la mujer que sufre la violencia. Si la mujer es citada por la Oficina de Violencia Doméstica o por el Juzgado civil, si siente que hay alguna autoridad pública que se interesa, toma conocimiento y da relevancia a la situación de violencia por la que está atravesando. Tal vez eso le genere alguna reacción y pueda ser el punto de inicio para pedir ayuda, esta vez, ella misma. Lo mismo con el agresor, aunque no hay garantías sobre la reacción que podría tener, un llamado de atención, una visita, una reacción de parte de autoridades públicas también pueden marcar un límite, mostrar la relevancia que estas actitudes tienen para la sociedad en general, y no solamente para la madre de su pareja en particular.

–En este caso, el desenlace llegó sin que al parecer hubiera habido intervención de las autoridades públicas (policiales o judiciales), aun cuando la madre fue a buscar esa ayuda. ¿Debería haber protocolos en las instituciones públicas sobre qué hacer? ¿Existen en otros países?

–Sí, debería haber protocolos de actuación que contemplen un abanico de posibilidades y de intervenciones posibles, y será tarea del personal especializado adaptar al caso concreto. Seguramente hay muchos matices ante situaciones diversas, pero hay patrones de conducta ante los cuales los y las especialistas pueden actuar. Lo que no es posible es que haya inacción o indiferencia ante la situación de violencia que una persona va a plantear ante las autoridades. Para el momento en que se plantea un problema de violencia de género ante las autoridades, seguramente ya se ha recorrido un camino previo. Si llegó hasta allí para buscar ayuda, es por una razón.

–¿Faltan políticas públicas de prevención de la violencia de género? ¿De qué tipo tendrían que ser?

–Faltan políticas de prevención. La violencia contra las mujeres es una expresión de la cultura machista y de subordinación de las mujeres, y para erradicarla lo que hace falta es transformar la cultura. Esto no se logra con leyes ni con medidas de protección únicamente, sino que es necesaria una intervención mucho más general y a todos los niveles. Desde la socialización primaria y hasta en las relaciones laborales.

–¿Cómo se puede trabajar para que las mujeres tomen conciencia de que están en una relación violenta?

–Ese también tendría que ser parte del contenido de las campañas, dirigidas a distintos grupos: mujeres y varones jóvenes, mujeres y varones adultos. En algunos casos para que tomen conciencia sobre la situación de violencia en la que se encuentran ellas mismas, u otras personas a las que (mujeres y varones) pueden ayudar, colaborando para que tomen conciencia, para que actúen (en denuncias), pero sobre todo para que las sostengan. Para constituirse en redes de contención y de protección ante la relación violenta.