“Esta respuesta mayoritaria está demostrando el carácter dramático que tiene para ellos la crisis, cuán profundo ha sido su impacto y cómo los está afectando en un aspecto vital como la alimentación. Nos está mostrando, además, cómo las autoridades deberían tener un oído más abierto para escuchar lo que dice la población infantil y adolescente del país”, expresó Jorge Rivera Pizarro, nuevo titular de Unicef Argentina al analizar en un reportaje con Página/12 los resultados de la encuesta que el organismo internacional encargó para conocer qué le pedirían los chicos al próximo presidente.
De nacionalidad boliviana, Rivera Pizarro está en el país hace menos de tres meses. Fue designado al frente de la oficina local de Unicef, luego de desempeñar la misma función por tres años en Costa Rica, uno de los países latinoamericanos con mejores indicadores de infancia a los que ha llegado –destaca– como consecuencia de haber sostenido en los últimos 30 años, a diferencia de la Argentina, la inversión social.
–Según su visión, ¿qué lugar han tenido los chicos en la campaña electoral?
–En el debate electoral se ha extrañado la presencia de los chicos. Esto puede significar dos cosas. Una –que es la que nos gustaría– que la niñez no es un tema de discusión. Otra –que no quisiéramos que fuera– que fue ignorancia deliberada, es decir, que el debate sobre el futuro del país haya ignorado a los que hoy son el futuro. Que el 70 por ciento de los chicos esté por debajo de la línea de pobreza en la Argentina es un elemento de extrema preocupación. Los políticos deberían preocuparse para que los niños en la siguiente encuesta no les pidan comida.
–¿Qué opina de los discursos que reclaman bajar la edad de imputabilidad penal para combatir el delito?
–Hay una tendencia a ver a los adolescentes como aquellos que necesitan ser controlados y reprimidos, cuando la sociedad misma les está negando oportunidades para un desarrollo más armónico, más integral, como postula la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pretender bajar la edad de imputabilidad presupone que los jóvenes son delincuentes y no tienen más remedio que serlo. Es algo muy terrible. En la práctica, ha quedado demostrado que el aumento de la severidad de las penas y la baja de la edad de imputabilidad no disminuyen el delito; a veces, incluso, lo sofistican más. Las sociedades tienen que invertir más en prevención y en educación.
–¿Qué le exigiría al próximo gobierno?
–Que la situación de los niños sea el termómetro para medir la bondad de las políticas económica, monetaria, fiscal y de inversión del país. Muchas veces, después de que se han adoptado las grandes medidas macroeconómicas exigidas por el FMI, se ha tratado simplemente de paliar sus consecuencias con políticas sociales que no han cumplido otra función que la de una ambulancia: recoger los muertos y los heridos que fue dejando la política económica. Esperamos que la difusión de la encuesta en estos momentos en que se está negociando un nuevo acuerdo con el FMI permita que la voz de los niños llegue a la mesa de conversaciones para que las nuevas políticas los tengan presentes.
–En el año 2001 murieron 11.111 niños antes de cumplir el primer año de vida. Seis de cada diez de esas muertes fueron evitables. ¿A quién responsabiliza?
–Hay diversos factores. En principio, la restricción en la inversión social, fundamentalmente en servicios de atención primaria de la salud. Una buena medida política es aumentar inversión social de manera contracíclica, es decir, cuando hay un deterioro en la economía.
–Es lo que no se hizo en la última década.
–Claro, si la inversión hubiese sido hecha de manera apropiada es probable que los indicadores sociales hubiesen sido distintos. Están los datos de cuántos adolescentes están fuera del sistema educativo, es decir,que han perdido la oportunidad de educarse. Otro factor que influyó (en las cifras de mortalidad infantil) es la falta de una adecuada y eficaz administración de los recursos que permitieran mejorar las prestaciones. Esto debe ser objeto de análisis, sobre todo en aquellas regiones del país donde los indicadores son más críticos. Por último, es necesario mayor control y vigilancia ciudadana para ejercer la adecuada presión sobre quienes toman las decisiones, a fin de corregirlas.
–¿Cuáles son las asignaturas pendientes en el país en materia de minoridad?
–Hay que hacer un esfuerzo muy grande con relación a la salud materno infantil para trabajar en el largo plazo como política de Estado, no sólo como política gubernamental. Otro punto importante de la agenda es la deuda con los adolescentes. El hecho de que haya aumentado tan dramáticamente en muy corto plazo a un millón y medio el número de jóvenes que trabajan, de los cuales la mitad de ellos no concurre a la escuela, está planteando el desafío de aumentar la inversión social para incrementar por un lado, las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo, pero también las condiciones sociales para que eso sea posible, de tal manera que la vida familiar no sufra las alteraciones que está sufriendo en la actualidad y que impiden a gran parte de estos adolescentes acceder a su derecho fundamental de educarse. Por último, es una asignatura pendiente la reforma legal, por la cual deben adecuarse todas las leyes a la Convención Internacional de Derechos del Niño. Es increíble que todavía no haya consenso al respecto.