Actualmente, en Uruguay el Código Penal castiga con entre tres y nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto; con entre seis y 24 meses a quien colabore con el mismo, y con de dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer. De todas formas, los hospitales públicos tienen consultorios donde brindan asesoramiento pre y post aborto a las mujeres que llegan con un embarazo que no quieren continuar. Esa política tuvo como resultado que hasta 2011 no se registraran muertes por aborto en Uruguay. Este año se produjo al menos un fallecimiento por esa causa, según denunció la organización Mujer y Salud en Uruguay (MySU). En la Argentina, las consecuencias de los abortos inseguros son la primera causa de mortalidad materna, representan casi el 30 por ciento del total.

Se estima que en Uruguay, un país de 3,3 millones de habitantes, se registrarían más de 30.000 abortos por año, contra unos 47.000 nacimientos en ese mismo período.

–¿Cuál es su opinión sobre el texto que se votará? –le preguntó Página/12 a Lilian Abracinskas, de MySU.

–Estará la posibilidad de acceder a abortos no punibles en los servicios de salud, pero se mantiene el delito de aborto. Tendremos una ley pero se perdió un debate ideológico. Por lo tanto la lucha continúa.