Mendoza tuvo en los últimos años casos emblemáticos que trascendieron en los medios nacionales: en 2006, la madre de una joven débil mental de 25 años, que había sido violada, pidió la interrupción del embarazo en el Hospital Militar de la capital provincial, pero le exigieron una autorización judicial. En tiempo record, el caso llegó a la Suprema Corte de Mendoza, que avaló la práctica que finalmente se hizo en un hospital del sistema público provincial, con fuertes amenazas de grupos católicos a los médicos para que no lo hicieran. Otro caso ocurrió en 2008 cuando una nena de 12 años embarazada como consecuencia de los abusos sexuales perpetrados presuntamente por su padrastro fue obligada a continuar con la gestación, después de que un juez rechazara el pedido presentado por su mamá para que aborte, y de que fuera presionada por grupos católicos, que incluso violando su intimidad –y sin que ninguna autoridad lo impidiera– ingresaron a la habitación donde estaba internada en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, para hostigarla con fotos de fetos y otros panfletos.