Acusó infamias en su contra. También renunció a la fundación para no comprometer su buen nombre y al cargo de perito para no interrumpir el proceso. El que se consideró infamado es el doctor Eduardo Raimondi. La fundación del buen nombre es la Favaloro, que rechazó su renuncia. El cargo de perito (renuncia aceptada) era por parte de la familia García Belsunce. El autor de las supuestas infamias es el fiscal Diego Molina Pico, quien pidió allanar la fundación tras considerar que Raimondi habría intentado manipular las pericias del caso. No es la primera vez que el nombre de Raimondi pasa por un escandalete público. En 1990 fue perito del Pricai, institución que tuvo un sorprendente paso por el caso María Soledad: cobró casi 20 mil dólares por una pericia que para lo único que sirvió fue para demostrar, eso sí, sin discusión, que María Soledad era hija de Ada, su madre.
Las escuchas telefónicas (que la familia discute como truchas) referían una supuesta conversación entre Sergio Binello, vecino del Carmel y coprocesado por encubrimiento, y el mentado Raimondi, perito de parte de la familia García Belsunce. El fiscal interpretó que en la Fundación Favaloro intentaban anticipar el patrón genético de los sospechosos para después desviarlos del ADN que fuera surgiendo de las pericias del caso. Y pidió el allanamiento de la Favaloro. El juez Diego Barroetaveña dijo “de ninguna manera” y rechazó el pedido. Pero el caso saltó a la opinión pública y Raimondi decidió denunciar y renunciar. Denunciar: al fiscal por infamias. Y renunciar a la Favaloro y al cargo de perito de parte. “Lo que se dijo de mí son infamias –sostuvo–. Podían dañar el nombre de la Fundación Favaloro y por eso renuncié a esa institución, pero me pidieron que me quedara pues entienden que yo soy indispensable.” Como perito de parte, quedó al margen.
Pocos recuerdan que un mes después del crimen de María Soledad Morales, el Primer Centro Argentino de Inmunogenética (Pricai) intervino en el caso con dos peritos: Eduardo Raimondi y Luis Verruno. Recibieron las muestras de semen recogidas del cuerpo de la joven. Y 19.950 dólares para que determinaran la identidad de los violadores. Raimondi, Verruno y el Pricai pasaron a la historia judicial de Catamarca porque embolsaron el dinero pero sólo demostraron una obviedad: que la joven era hija de su madre. Dijeron que las pruebas estaban mal conservadas. Durante el juicio, el titular del servicio de Huellas Genéticas de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Daniel Corach, desmintió a Raimondi. “Las técnicas evolucionaron en un 300 por ciento –dijo el experto–. El estudio de la identidad es perfectamente viable, aunque el material sea escaso y esté en mal estado.”