El viernes pasado la pareja de la gobernación de Santiago se enfureció cuando los diputados de la Comisión de Derechos Humanos le adelantaron algunas líneas del proyecto de intervención del Poder Judicial de la provincia. En ese contexto, la gobernadora Nina Aragonés aclaró que las denuncias que están en manos de la Comisión “en muchos casos pueden ser ciertas pero hay muchas mentiras”. Su posición tuvo efecto rápido. El resto de los poderes provinciales se alineó rápidamente. El Tribunal Superior de Justicia sacó una acordada para aclarar que Santiago tiene una Justicia independiente y el justicialismo provincial publicó una solicitada de repudio a una eventual intervención. A nivel nacional, el Ministerio de Justicia también salió a poner paños fríos sobre la medida que ahora tendrá que estudiar el Congreso. Además de estos temas, al Ministerio de Justicia llegará una carta documento cuya copia está en poder de este diario. La nota, firmada por las Madres del Dolor, menciona sólo algunas de las cuestiones pendientes que aún tiene la Justicia en Santiago.
Entre esos puntos se encuentran:
- Denuncia contra los magistrados del Poder Judicial por supuestos delitos de cohecho en una escucha telefónica.
- Denuncia de estafa por emisión de cheques sin fondos y cuentas cerradas de parte de un camarista penal.
- Denuncia contra un juez por apropiación indebida de bienes hereditarios en connivencia con el perito.
- Falso testimonio del presidente de la Asociación de Magistrados.
- Violación de los deberes de funcionario público por parte de los miembros del Superior Tribunal de Justicia por evaluar a una postulante para el cargo de prosecretaria de un juzgado, que resultó ser hija del entonces presidente del tribunal, quien tenía un título “trucho” de abogada.
- Denuncias contra magistrados y policías que dispusieron el secuestro de la imprenta del periódico La Verdad, de las Madres.