La Defensoría General de la Nación celebró la promulgación de la Ley de Salud Mental y recordó que el organismo “ha readecuado su funcionamiento”, desde la sanción de la normativa “a fin de garantizar el acceso a la Justicia de este grupo de personas en especial situación de vulnerabilidad”.

Para la Asesoría General Tutelar (AGT) de la ciudad de Buenos Aires, mediante la reglamentación “queda reafirmado que las políticas públicas en materia de salud mental deben apuntar a la desmanicomialización y a la sustitución definitiva de toda institución monovalente”.

“Este decreto es para festejar”, dijo Gabriela Spinelli, coordinadora del área de salud mental de la AGT, “ya que es un avance notorio, sobre todo en la Ciudad, donde hay tantas resistencias”. Asimismo, la especialista ponderó “el carácter federal” de la norma que “respeta la autonomía de la Ciudad para que cree su propio órgano de control, lo que es muy satisfactorio”. Destacó también que “se haya incluido claramente a las personas con consumo problemático de sustancias” como usuarias del servicio de salud mental, “por lo que las comunidades terapéuticas tendrán que adecuarse también a lo resuelto para el 2020”.

Por su parte, el interventor del Inadi, Pedro Mouratian, consideró que las personas usuarias de servicios de salud mental “han sido históricamente invisibilizadas y marginadas del ejercicio de sus derechos. Se las ha concebido como objetos de tutela y protección privándolas de la participación en la vida comunitaria y de la toma de decisiones”. Por eso, “esta ley marca un hito en el camino de desandar el paradigma, todavía hegemónico en Argentina”, aseveró.