¿Cómo afecta a los derechos humanos la crisis económica en España?

–En nuestra opinión la crisis económica se ha convertido en una crisis de derechos humanos. Lo que empezó siendo un rescate bancario, crisis financiera, se ha convertido en una crisis de derechos humanos. Cuando a los inmigrantes irregulares en España se les quita o se les niega la tarjeta sanitaria para recibir atención primaria, eso es una violación a los derechos humanos. Supone un retroceso de diez años en España y supone una medida discriminatoria e injusta. También estamos hablando del derecho a una vivienda adecuada. Del año 2007 al 2012 ha habido 400 mil ejecuciones inmobiliarias, algunas de primera vivienda, algunas de segunda. Pero eso significa que mucha gente está en la calle. Y lo peor es que la gente no se puede defender porque ni el derecho a la salud ni el derecho a una vivienda adecuada son parte de los derechos fundamentales de la Constitución española. Y tampoco el Poder Judicial está actuando como merece la crisis que hay en España. A esto lo acompañamos con manifestaciones de miles de personas en las calles, que en algunos casos han sido reprimidas con uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Y desde los poderes públicos se estigmatiza, por ejemplo, a la plataforma de afectados por la hipoteca a quienes se los llama filoetarras o nazis. Estamos hablando de un contexto de indefensión de la gente.

–¿Cuál es el límite que separa una decisión política de un derecho que puede ser judicializado? ¿Hay una tensión entre las dos cosas?

–Según el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hay una diferencia entre recortes legítimos y una violación de derechos humanos. Es una violación de derechos humanos cuando la medida es regresiva, cuando representa un retroceso en los derechos de la gente. En segundo lugar, cuando no se consulta con los afectados. Y se tiene que evaluar el impacto. Lo que se pide al Estado es que se vaya al máximo de recursos disponibles para hacer realidad esos derechos. Cuando uno no asfalta carreteras o disminuye el gasto de defensa, es una reducción del gasto público legítimo, pero cuando uno impacta en los derechos de la gente sin tener en consideración estas cuatro medidas son violaciones a los derechos humanos al nivel de la tortura o de la detención arbitraria.