En Santa Fe, dos fiscales federales acusaron al juez federal No 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, de “impedir el avance de una investigación” sobre trata de mujeres para explotación sexual, en la que se detectó, a través de escuchas telefónicas, presunta connivencia entre el propietario de un burdel ubicado en la vera de la Ruta Provincial No 93, cerca de la localidad de Firmat, con funcionarios del Area de Seguridad de ese municipio, como también de la comisaría local y de la Jefatura de la Unidad Regional VIII de Policía con sede en Melincué.

En el prostíbulo, conocido como La Quinta, Gendarmería realizó el 16 de mayo un allanamiento y encontró a seis mujeres que estaban en situación de prostitución, explotadas sexualmente, y que serían víctimas del delito de trata, de acuerdo con las evidencias recolectadas durante la investigación que llevó adelante la fiscalía federal No 2 de Rosario, a cargo de Juan Murray –quien actúa como subrogante– y del fiscal ad hoc Federico G. Reynares Solari. Sin embargo, a pesar de la abundante prueba incorporada al expediente, el juez federal No 4 de Rosario no imputó ni al hombre que estaba al frente del local, Luis María Godoy, ni al dueño, Carlos “Cacho” Cámara, porque entendió que no se trataba de un prostíbulo, aunque las mujeres tenían “pases” con clientes-prostituyentes, dejaban el 50 por ciento de lo que ganaban al dueño del local y durante la “plaza”, el tiempo por el cual habían sido vendidas, no podían regresar a sus casas. El magistrado alegó que las mujeres están ahí por propia voluntad, de acuerdo con su declaración testimonial, sin ponderar la situación de extrema vulnerabilidad económica en la que se encontraban. El magistrado llegó a sostener que las mujeres elegían darle el dinero al encargado del local “únicamente por motivos de seguridad”.

El expediente está ahora en la Cámara de Apelaciones de Rosario. Al dueño del emprendimiento nocturno, el juez no sólo no le imputó el delito de trata sino ni siquiera el de proxenetismo ni aun la violación a la ley de profilaxis, que prohíbe la existencia de prostíbulos en la Argentina, señaló a Página/12 el fiscal Murray. En su presentación ante la Cámara, los fiscales cuestionaron que el magistrado no haya hecho lugar al pedido de indagatorias de Cámara como de quien estaba al frente del burdel, Luis María Godoy. El juez Bailaque “impide el avance de la investigación hacia otros estadios del proceso. Las indagatorias de los imputados constituyen un requisito sin el cual no puede haber procesamiento ni elevación a juicio”, indicaron Murray y Reynares Solari. Además, objetaron que el magistrado “ha efectuado una valoración parcial y fragmentaria del material probatorio incorporado en la causa”.

En ese sentido –señalaron– “no se ha reparado que uno de los medios comisivos previstos por el tipo penal es el abuso de una situación de vulnerabilidad, aspecto que no ha sido siquiera analizado por el Sr. Juez Federal”.

Los fiscales explicaron que durante la investigación, incorporada en el expediente, se constató que el acceso de las mujeres al lugar cuestionado no es libre. En escuchas telefónicas a partir de la intervención del teléfono celular de Cámara se registraron “conversaciones con los “maridos” (de las mujeres) sobre las “condiciones de trabajo” y que se “haga la cuenta”. El propio Cacho les da explicaciones sobre las mismas “condiciones de trabajo” que incluye una retención del 50 por ciento. Para los fiscales, no se puede descartar que incluso el restante 50 por ciento no fuera para las mujeres, dado que puede dirigirse a los “maridos”. En la jerga prostibularia, el “marido” es el cafishio o dueño de la mujer. En esas conversaciones, también surge que la ganancia por la primera “copa” de la noche el propietario del burdel la retiene para financiar la comida de la mujer en situación de prostitución. Y la logística vinculada con el traslado de las mujeres hasta el lugar. Godoy había quedado detenido tras el allanamiento. El juez decide liberarlo y no imputarle ningún delito.

“De las intervenciones captadas se pudo determinar de manera clara connivencia de Cámara con funcionarios del municipio de Firmat del Area de Seguridad, como también de la comisaría local y de la Jefatura de la Unidad Regional VIII de Policía con sede en Melincué, de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Esta connivencia continúa investigándose”, apuntó Murray.