La causa por el saneamiento del Riachuelo se inició en julio de 2004, cuando un grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Silvia Mendoza y otras 16 personas, presentaron una demanda reclamando la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca, responsabilizando de daños y perjuicios al Estado nacional, a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia y a 44 empresas.

El 8 de julio de 2008 la Corte Suprema dictó un fallo histórico mediante el cual determinó que las tres jurisdicciones son responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, determinó el plazo en que deben ser ejecutadas y dejó abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento. Designó al juez federal de Quilmes, Luis Armella, para la ejecución del fallo, y encomendó al defensor del Pueblo de la Nación y a cinco ONG la conformación de un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento.

En agosto de 2012, una investigación de Horacio Verbistky, publicada por Página/12, dio cuenta de irregularidades cometidas por Armella para favorecer con la asignación de obras de saneamiento a empresas vinculadas con su familia.

La Corte Suprema le quitó el 7 de noviembre la tarea que le había asignado y el 19 de diciembre designó en su lugar a los jueces federales de Capital Federal, Sergio torres, y a su par de Morón, Jorge Rodríguez.