Los defensores de Jorge Mangeri solicitaron ayer la nulidad de su detención y posterior procesamiento por el asesinato de Angeles Rawson, argumentando que, al declarar como testigo, el encargado era “un imputado encubierto”, según afirmaron en su apelación. El planteo se basa en un mail y un informe de la policía sobre el hallazgo de bolsas con sogas, ambos con anterioridad a la declaración testimonial de Mangeri. Con estos datos, la defensa afirmó que la fiscal Paula Asaro tenía indicios para indagarlo como imputado, pero prefirió hacerlo pasar por testigo, es decir, sin asistencia legal y bajo juramento de decir la verdad. De esta forma, aseguraron los letrados que representan al portero, la detención posterior de éste y el cotejo de ADN positivo con la víctima es el fruto de “un árbol envenenado”, como se dice en la jerga judicial, porque se habrían violado garantías procesales.

El escrito del estudio encabezado por Miguel Angel Pierri –ausente por viaje– fue presentado ayer ante el juez Javier Ríos, quien procesó a Mangeri el miércoles pasado bajo la imputación de “homicidio calificado por alevosía”. Los abogados pidieron la nulidad de la testimonial del portero, la del acta de autoincriminación, el pedido de indagatoria y detención formulado por la fiscal, la detención ordenada por el juez subrogante Roberto Ponce y, apelando a la “doctrina del árbol envenenado”, de todo acto procesal posterior, incluyendo el ADN.

El argumento central refiere a la extensa noche del viernes 14 de junio, cuando Mangeri fue llevado a declarar por la fuerza debido a que no acudía a los llamados de la fiscal. Según consta en el pedido de nulidades, dos días antes llegó un mail enviado por una mujer que decía “investiguen al portero del edificio”. En ese mail, la informante agregó: “Mi empleada doméstica hoy me comentó que vive en la casa tomada de al lado y que sospechan del portero del edificio porque es un tipo que siempre acosa verbalmente a las mujeres y ellas tienen miedo de él”.

Otro dato, que también consta en el expediente según los abogados defensores, son las constancias de que la fiscalía ordenó el traslado por la fuerza pública de Mangeri para que comparezca como testigo y cuando efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal fueron a buscarlo al edificio de Ravignani 2360, donde vivía la joven asesinada, ingresaron al sótano y luego le notificaron a la fiscal que allí había una bolsa con sogas. Los defensores también recalcaron que la fiscal preguntó a dos hermanos de la víctima qué concepto tenían sobre el encargado y su relación con Angeles.

“La fiscal a esa altura sospechaba de Mangeri con respecto al hecho investigado, pero en lugar de solicitar al magistrado que se lo cite a prestar declaración a tenor del artículo 294 (indagatoria), continuó el camino avasallante de los derechos constitucionales del imputado, haciéndolo comparecer por medio de la fuerza pública –lo disfrazaron de policía– a prestar declaración testimonial bajo juramento de decir verdad”, sostuvo la defensa. Además, en el escrito insisten en que Mangeri fue “apretado” por policías dentro de la fiscalía para autoincriminarse.

Consultada por Página/12, una fuente judicial afirmó que el mail en cuestión no llegó a la fiscalía de Asaro sino a otra dependencia judicial. “Se recibían mails incriminando a tantas personas que no podría declarar nadie como testigo”, agregó la fuente. En el caso de las sogas, afirmó, “es una información que tenía el juez cuando fue a allanar el sótano del edificio y no la fiscal”. Las respuestas sobre el encargado dadas por los testigos anteriores no lo incriminaban, dijo la fuente. Y aclaró: “De hecho, Mangeri no era un sospechoso en ese momento, se creía que podía ser un familiar de Angeles, y eso sí se nota en las preguntas de la fiscal”.