En Bolivia, Brasil y Argentina, los tres países que abarca el estudio de IPAS, el aborto está criminalizado pero se contemplan excepciones cuando corre riesgo la salud de la mujer y en casos de violación. De todas formas, incluso en esos casos las mujeres enfrentan obstáculos arbitrarios para acceder a una interrupción legal de embarazo. Actualmente, el Tribunal Constitucional de Bolivia está evaluando la posibilidad de despenalizar la práctica, a partir de una presentación de una diputada del gobierno de Evo Morales.

En Argentina, en marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que exhortó a los gobiernos provinciales y nacional a disponer en los hospitales protocolos para la atención de los abortos no punibles, con el fin de evitar la histórica imposición de trabas ilegales a las mujeres que los solicitan. Al mismo tiempo, estableció que no se debe exigir un permiso a un juez. Sin embargo, todavía queda alrededor de una decena de provincias en las que no existen protocolos. Tal como reveló Página/12, hace unos días una adolescente que resultó embarazada en una violación reclamó la interrupción legal de la gestación en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, de la capital tucumana, y no la quisieron atender, acusándola de mentirosa y dando intervención a la Justicia en relación con el ataque sexual, también violando el secreto profesional. Paradójicamente, el gobierno provincial tuvo que trasladar 1200 kilómetros a la chica hasta Buenos Aires, donde le garantizaron su derecho en el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich.

En Brasil se está discutiendo una reforma del Código Penal para ampliar las causales de no punibilidad. Un reciente fallo de la Corte Suprema, además, avaló el aborto en casos de un feto anencefálico y se espera que el Ministerio de Salud del gobierno federal emita un protocolo de atención en esos casos. Durante la conferencia del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), María Beatriz GalliBevilacqua, asesora de políticas para América Latina de IPAS, precisó que en todas las capitales de los estados hay centros que atienden a mujeres que solicitan abortos cuando proviene de una violación el embarazo “pero la gente no los conoce”. “No hay información sobre los lugares para acceder y los datos indican que los abortos legales son poquísimos frente a la cantidad de abortos ilegales”, advirtió. El acceso al aborto en casos en que está permitido podría ponerse en riesgo si avanza –dijo– un proyecto que impulsa la bancada evangélica de la Cámara de Diputados, cuyo referente preside la Comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo, para darle status jurídico al “no nacido”, una estrategia que pretenden desplegar en distintos países de la región sectores conservadores, a modo de cláusula “antiaborto”.