El caso de la niña salteña generó la reacción de organizaciones de mujeres que repudiaron la decisión ilegal y arbitraria del juez Soria de impedirle un aborto no punible. “A 30 años del retorno de la democracia en Argentina, las mujeres y las niñas seguimos siendo negadas en nuestras subjetividades, así como desapoderadas de la materialidad de nuestros cuerpos. A una niña de 14 años, embarazada producto de la violación que padeció por parte de su padrastro, la Justicia salteña le impidió abortar, en contra del texto de la ley”, alertó en un comunicado de prensa la Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, la Red Par (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista), el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (Cladem), entre otras.

Las organizaciones advirtieron que no fueron tenidos en cuenta por el juez Soria “los informes interdisciplinarios de los equipos de salud que recomendaban la interrupción del embarazo, tampoco la voz de la niña ni la de su madre, quienes ni siquiera fueron escuchadas, aunque la Convención de los Derechos del Niño obliga al magistrado actuante a escuchar a la menor de edad”. Tampoco se tuvo en cuenta, señalaron, que la Corte de Justicia de Salta en julio ratificó la constitucionalidad de la Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles, aprobada por resolución conjunta del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Derechos Humanos Nº 797, dictada en mayo de 2012 en virtud de lo ordenado por el decreto 1170/12.

“Las creencias religiosas de algunos, que como creen mayoritarias se sienten con derecho a imponerlas al total de la sociedad, una vez más, en nuestra provincia primaron, en una suerte de exaltación de un pretendido derecho natural que estaría situado por encima de las normas que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país nos hemos dado”, alegaron.

También, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), encabezada por la abogada Perla Prigoshin, expresó su “indignación” por “la incalificable situación de violencia a la que ha sido sometida la niña por parte de funcionarias/os del Poder Judicial de Salta.