En febrero, el Comité de la ONU que supervisa la Convención Internacional de los Derechos del Niño cuestionó duramente al Vaticano por no adoptar medidas adecuadas para poner fin a los abusos sexuales de niños y niñas cometidos por miembros del clero. “La Santa Sede sistemáticamente ha puesto la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los autores de los abusos por encima del mejor interés de los menores. La Iglesia ha impuesto un código de silencio a los niños, y la presentación de informes a las autoridades policiales y judiciales nacionales nunca ha sido obligatoria”, expresó la presidenta del Comité, Kristen Sandberg. Entre otras sugerencias, el Comité recomendó al Vaticano que se compense a las víctimas. Tres meses después hizo la misma recomendación el Comité de la ONU que supervisa la Convención contra la Tortura, al considerar que el Vaticano se debe de responsabilizar de lo que hacen sus sacerdotes, sancionar a los curas pedófilos e informar a las autoridades civiles de cada país de los abusos cometidos por sus religiosos, para que éstos sean juzgados.

Según informó el Vaticano al Comité, ha condenado en los últimos diez años a 3420 sacerdotes por abusos sexuales a menores, apenas el 25 por ciento –unos 848 curas– fue directamente apartado del servicio sacerdotal, la pena más dura que contempla el derecho canónico. Mientras que el 75 por ciento restante –2572 religiosos pedófilos– recibió sanciones de otro tipo. Dicho de otro modo, desde 2004 han sido condenados por pederastia en procesos eclesiásticos una media de prácticamente un sacerdote al día.