La diputada María José Lubertino presentó ayer un proyecto de ley para regular la atención sanitaria de los abortos no punibles previstos en el Código Penal desde 1921. El artículo 86 autoriza el aborto cuando peligra la vida o la salud de la mujer embarazada y si el embarazo proviene de una violación o “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En la práctica, los médicos se resisten a inducir la interrupción del embarazo en las situaciones legalmente permitidas si no media una autorización judicial. Y jurídicamente se interpreta que sólo está autorizado para las víctimas de violación que tienen trastornos mentales y no para el resto de las mujeres. El proyecto de Lubertino –integrante de la CTA en el bloque socialista– hace una interpretación amplia de los abortos no punibles: establece la legalización en todos los casos en que el embarazo provenga de una violación, y cuando hay peligro para la vida o para la salud “psíquica y física” de una mujer embarazada. La iniciativa determina los requisitos y los pasos que se deben seguir para realizar los abortos en estos casos en los hospitales públicos. También contempla la objeción de conciencia para los médicos.