El 1º de diciembre pasado, el Ministerio Público de la Defensa, junto con la Defensoría del Pueblo de la CABA y algunos delegados del barrio Rodrigo Bueno, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña. En el proyecto plantean la modificación de los límites de la Reserva Ecológica (lo que le dará autonomía a la Rodrigo Bueno, ya que no quedará integrada a su territorio), la integración sociourbana, la conformación de una mesa de planeamiento participativo, la prohibición de realizar desalojos forzosos en caso de ser necesaria una relocalización y la realización de un relevamiento físico y ambiental.

El proyecto conforma una mesa de planeamiento participativo integrada por dos representantes de la Legislatura porteña, dos del Poder Ejecutivo de la CABA, uno de la Defensoría del Pueblo porteño, uno del Ministerio Público de la Defensa, dos representantes del Rodrigo Bueno y uno de la Facultad de Arquitectura UBA.

Entre las tareas que competen a la mesa, figura la delimitación definitiva del barrio, el trazado y designación de las calles, la numeración de las viviendas; informes sociales, ambientales y habitacionales que determinen la problemática presente; actualización poblacional; realización de gestiones para el trazado y aplicación de servicios públicos; regularización dominial y catastral de los inmuebles relevados.

Todas estas funciones son las que, por el momento, el Estado porteño eludió aplicando a la zona en cuestión la lectura del negocio privado sobre el interés social. Mañana, en Washington, en la audiencia titulada “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América”, un delegado de una villa porteña expondrá por primera vez ante la Comisión Interamericana en qué consiste la inseguridad de la que no hablan ni los medios ni el gobierno porteño. “Para la Defensa Pública de la Ciudad –señaló su titular, Horacio Corti– resulta fundamental presentar este caso ante la CIDH. Hemos hecho un gran esfuerzo para que un vecino del barrio pueda viajar y su voz sea escuchada ante un foro internacional, acompañado por los defensores oficiales. Es una experiencia inédita y sumamente importante que los más postergados puedan hacer oír sus reclamos en esta clase de instancias.”