En septiembre de 1991 estalló por primera vez el escándalo al descubrirse que doce presos enfermos de sida estaban encadenados a sus camas en el Hospital Muñiz. La denuncia fue formulada ante la Justicia por la entonces directora de Derechos Humanos Alicia Pierini.
Recién el 9 de octubre, cuando el caso se instaló en la opinión pública, un juez dispuso “el cese de la sujeción” de los presos. Un día después llegó la solución política: el entonces ministro de Justicia León Arslanian propuso la creación de un hospital dedicado exclusivamente a la atención de detenidos con enfermedades infectocontagiosas. Tanto Arslanian como el entonces ministro de Salud, Avelino Porto, aseguraron que se enteraron del maltrato al que eran sometidos los presos a través de los medios.
La propuesta de Arslanian fue el origen de la creación de la Unidad Penal 21, que funciona dentro del Muñiz pero es administrada por el Servicio Penitenciario Federal.