El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi recibió con “disgusto e indignación” su condena a ocho años de prisión por la tragedia de Once, aseguró su abogado, Claudio Lamela, quien consideró que es “un fallo político” y adelantó que lo apelará. Además, el letrado aseguró que su defendido seguirá “su vida familiar en Argentina” y se mantendrá a disposición de la Justicia.

“Es un fallo de características demagógicas y que es político, ya que responde a una apariencia de justicia, pero que no tiene nada que ver con lo que sucedió”, concluyó el letrado, que puntualizó que la defensa del ex funcionario va “a plantear el recurso de Casación”, pero adelantó que lo hará “dentro de los diez días hábiles posteriores al momento de que el Tribunal dé a conocer los fundamentos de las condenas”, el 30 de marzo próximo.

El abogado de Schiavi sostuvo que la decisión de la Justicia “no nos satisface en absoluto” y manifestó que “los fundamentos transitan por el camino de la mentira y el absurdo”. “Es un disparate desde el punto de vista de los hechos y del derecho que un funcionario público tenga algún tipo de responsabilidad penal sobre el accidente de Once”, indicó a la prensa el abogado. Lamela también consideró que “la Justicia no ha tenido las agallas necesarias para decir lo que quedó probado en el juicio, que no hubo ninguna falla mecánica, sino que ha habido una desidia única y atribuible al conductor (Marcos Córdoba)”, pero evaluó que hubo “una tremenda presión de un sector importante de la sociedad que simpatiza con las víctimas y es razonable”.

Sobre la situación de su defendido, dijo que “va a seguir con su vida familiar en Argentina, sometido a proceso y sujeto a jurisdicción del tribunal, quedando a disposición de la Justicia”. “El se encuentra con medidas cautelares de inhibición sobre sus bienes, no tiene posibilidades laborales, está limitado a vivir de acuerdo a las posibilidades de ingresos de su familia”, indicó.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a quien estuvo al frente de la cartera de Transporte entre 2009 y 2012 a ocho años de prisión e inhabilitación especial perpetua como partícipe necesario de la tragedia, administración fraudulenta y estrago doloso.