“Durante más de cien años y hasta esta semana, la Argentina vivió sometida a leyes que permitían privar de la libertad o expulsar del país a los extranjeros a quienes el Poder Ejecutivo considerara amenazas para el orden social”, señala Enrique Oteiza, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). Todo empezó con la Ley de Residencia, dictada en 1902. “Fue la reacción de los sectores gobernantes cuando advirtieron que muchos de los inmigrantes no eran la abundante y dócil mano de obra barata que habían procurado para sus estancias, sino que traían las ideas sindicales, socialistas y anarquistas que se desarrollaban en los países industrializados”, explica.
No todos saben que la Ley de Residencia duró tanto como hasta 1985. Y las persecuciones continuaron bajo la Ley Videla, y esta última “era todavía peor –observa Oteiza– ya que permitía al Gobierno ordenarles a los extranjeros en qué lugar del país tenían que vivir”.
El funcionario destacó que “cuando se dictó la Ley de Residencia, la Dirección de Migraciones inició la tradición autoritaria de control político e ideológico que continuó hasta nuestros días”.
Oteiza también comentó que “además, la Constitución Nacional de 1853 priorizaba la inmigración europea en desmedro de la latinoamericana. Lo notable es que la actual Constitución, de 1994, mantuvo ese mismo artículo: a ningún convencional se le ocurrió cambiarlo”.